Por JUAN LÓPEZ
De conformidad con la Constitución (Arts. 180 y 181) y las leyes 138-11 y 1-25, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) es el órgano competente para evaluar y designar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). A estos fines, dispone de un reglamento y un protocolo institucional para implementar las evaluaciones y sus designaciones.
Con ese marco jurídico se evaluaron, en octubre de 2025, tres honorables magistrados (Pilar Jiménez Ortiz, Manuel Alexis Read Ortiz y Moisés Ferrer Landrón). Los tres jueces obtuvieron evaluaciones excelentes, sin ninguna objeción ni mancha en el desempeño de sus funciones. Pero ninguno de los tres fue confirmado. Para tal arbitrariedad fue menester utilizar el voto de doble calidad del presidente Abinader, con lo cual se impuso el objetivo político predeterminado del oficialismo para romper un empate (cuatro a cuatro) en dicha votación.
Aunque esa ejecución se realizó conforme a las leyes y procedimientos institucionales, en la oposición política e importantes sectores de la sociedad civil, produjo escozor, suspicacias y esta pregunta: ¿Con estas sectarias decisiones, el gobierno del PRM-Abinader está gestionando un blindaje a futuro?
Previamente, el Senado de la República había elegido a los cinco miembros de la Cámara de Cuentas de la República (CCRD) y juramentados, el 23 de abril de 2025; no obstante serias y diferentes objeciones de carácter ético e informaciones que, públicamente, los señalaban como “cartas marcadas” por sus comprobadas afinidades políticas con el partido oficialista.
Esas dos cuestionadas designaciones (3 jueces de la SCJ y 5 miembros de la CCRD), materializadas en el 2025, ahora se levantan como dos preocupantes antecedentes que contaminan el proceso que realizará el CNM, puesto que, pasado de tiempo en cinco meses (legalmente debió ser en el pasado mes de abril), se implementará el cronograma del proceso de evaluación, confirmación o no de once honorables miembros de la SCJ.
Actualmente, circulan amplios rumores de tratativas y objetivos políticos preestablecidos en el gobierno que se argumentan como las principales causas para que, a la fecha, cuatro de los once magistrados a ser evaluados, hayan preferido renunciar a sus legítimos derechos de aspirar a mantenerse en sus cargos porque temen ser desconsiderados, tal cual aconteció con los otros tres magistrados de la SCJ, en octubre de 2025.
Los antecedentes arriba indicados, las supuestas tratativas políticas del oficialismo ante determinados miembros de la actual SCJ, la “premeditada” violación del tiempo para realizar el proceso de evaluación de los once magistrados, cuyo tiempo había perimido desde hace cinco meses, son algunos de los elementos que sirven de sustentación a la preocupante pregunta: desde el gobierno, ¿se está gestionando un blindaje a futuro?
Para procurar el supuesto blindaje acuden a la histórica y penosa situación que padeció el ex presidente Salvador Jorge Blanco, después que salió del poder, en 1986, cuando el gobierno del Partido Reformista Socialcristiano (PRSC-Balaguer) lo humilló y encarceló a través de la politización de la justicia. También por los procesos de judicialización de varios expedientes contra ex funcionarios del gobierno del presidente Danilo Medina.
Las gestiones de auto-blindaje a futuro con designaciones de jueces de la SCJ y miembros de la CCRD afines al gobierno del PRM-Abinader ¿será por el consejo de las expresiones populares que aconsejan: «Más vale prevenir que remediar», “por si las moscas” o porque, el 2028 podría traer un cambio y, “uno no sabe, las vueltas que da la vida”?
En esos sabios consejos populares está la respuesta a la pregunta: en el gobierno, ¿quiénes están gestionando un blindaje a futuro?
