Santo Domingo, R D. El presidente fundador del Foro y Frente Cívico y Social, Dr. Isaías Ramos, afirmó que la paralización de las actividades vinculadas al proyecto minero Romero debe convertirse en una decisión de Estado, formal, motivada y jurídicamente blindada, en defensa del agua, la Constitución y las presentes y futuras generaciones.
Ramos sostuvo que San Juan habló, el Presidente entendió y ahora el Estado debe actuar, advirtiendo que ninguna permisología de exploración o evaluación ambiental puede colocarse por encima del mandato constitucional de proteger la dignidad humana, el ambiente sano, el agua y el interés general.
“El artículo 8 de la Constitución ordena al Estado proteger efectivamente los derechos de las personas y crear condiciones para el desarrollo humano. En un Estado Social y Democrático de Derecho, la inversión es bienvenida, pero siempre subordinada al agua, al ambiente, a la soberanía popular y a la vida”, expresó.
El dirigente cívico señaló que la insistencia empresarial en mantener vivo el proyecto, bajo el argumento del diálogo, puede leerse como un gesto improcedente frente a una comunidad que ya manifestó su rechazo.
“Una concesión no es soberanía, un permiso no es carta blanca y una exploración no es derecho adquirido a explotar”, indicó Ramos.
Asimismo, pidió a quienes defienden la explotación industrial de oro presentar, con evidencia independiente, un caso en el mundo donde una explotación aurífera haya dejado a su comunidad mejor, más segura y más próspera, sin daño ambiental significativo, afectación hídrica, relaves peligrosos ni pasivos comunitarios.
“Si no existe ese ejemplo, que no nos pidan fe donde corresponde aplicar prudencia constitucional”, agregó.
Ramos advirtió que República Dominicana, por ser parte de una isla con ríos cortos, acuíferos frágiles y montañas interconectadas, debe actuar con mayor cautela. “Aquí un error ambiental no queda aislado: baja al valle, afecta la agricultura y compromete agua sin sustituto”, puntualizó.
Finalmente, anunció que el Foro y Frente Cívico y Social impulsará una ruta cívica, jurídica e institucional: solicitudes formales para que ningún expediente avance sin transparencia, motivación legal y control ciudadano; estudio de una acción constitucional contra normas mineras incompatibles con el Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad del agua y los derechos de las presentes y futuras generaciones; y convocatoria a fuerzas patrióticas, comunitarias, académicas y campesinas a una vigilancia nacional por el agua.
“Esta no es causa de un grupo: es causa de país. El pueblo debe vigilar hasta que las aguas se aclaren. Agua sí, oro no. Ya basta de improvisar; es tiempo de gobernar”, concluyó.
