Dr. Isaías Ramos
En agosto de 2025 lo advertimos: el nuevo Código Penal podía abrir la puerta a una ley mordaza. Hoy el país comienza a verlo con mayor claridad.
La discusión no es si República Dominicana necesita un Código Penal moderno. Claro que lo necesita. La discusión es otra: ninguna ley penal puede convertirse en instrumento de miedo contra ciudadanos, periodistas ni contra quienes fiscalizan el poder.
Una ley debe perseguir delincuentes, no intimidar al pueblo. Debe proteger a la sociedad, no sembrar autocensura. Debe castigar el crimen, no convertir la protesta, la denuncia o la crítica en actos sospechosos frente al poder.
Por eso lo decimos sin ambigüedad: Código Penal sí. Mordaza no. Justicia sí. Abuso de poder no. Autoridad sí. Intimidación no.
El Frente Cívico y Social advirtió desde agosto de 2025 que la Ley 74-25 podía convertirse en una amenaza directa al Estado de Derecho si sus disposiciones eran usadas para criminalizar la protesta pacífica, intimidar la denuncia ciudadana o blindar a los sectores de poder frente a la fiscalización pública. Esa advertencia fue recogida por distintos medios nacionales, incluyendo señalamientos sobre el artículo 384 y sobre el riesgo de perseguir a ciudadanos, activistas y periodistas bajo figuras penales ambiguas.
La Constitución no es un adorno: es el límite del poder. Toda ley, incluso un Código Penal, debe someterse a la Constitución, no colocarse por encima de ella. Cuando una norma puede ser interpretada para callar al que protesta, perseguir al que denuncia o asustar al que fiscaliza, la democracia comienza a retroceder.
Protestar no es insurrección. Denunciar no es difamar. Fiscalizar el poder no es delito: es deber ciudadano.
La propia Constitución reconoce la supremacía constitucional, el carácter social y democrático del Estado, la libertad de expresión, el deber ciudadano de denunciar faltas de funcionarios públicos y la lucha contra la corrupción como mandato esencial de la vida pública. Esos principios no pueden quedar reducidos a papel mojado por una ley penal mal redactada o abusivamente interpretada.
No le tememos a la ley. Le tememos al abuso del poder usando la ley. Esa es la diferencia fundamental. Quien defiende la libertad no defiende el caos. Quien rechaza una mordaza no rechaza la justicia. Quien exige límites al poder no está defendiendo delincuentes; está defendiendo la República.
Una democracia sana necesita leyes firmes, jueces independientes, fiscales responsables y ciudadanos libres. Pero cuando el poder pretende convertir toda crítica en amenaza, toda protesta en insurrección, toda denuncia en difamación y toda fiscalización en conspiración, entonces la ley deja de ser escudo del pueblo y empieza a convertirse en garrote del poder.
Esa es la frontera que no podemos cruzar.
República Dominicana necesita seguridad, pero no censura. Necesita autoridad, pero no intimidación. Necesita justicia, pero no miedo. Un Estado verdaderamente democrático no se fortalece callando ciudadanos; se fortalece garantizando que el pueblo pueda hablar, denunciar, exigir, protestar y fiscalizar sin temor a ser aplastado por el aparato penal.
La historia enseña que las libertades rara vez desaparecen de golpe. Muchas veces se debilitan poco a poco: primero con palabras ambiguas, luego con interpretaciones peligrosas, después con expedientes ejemplarizantes, y finalmente con una ciudadanía que prefiere callar antes que arriesgarse.
Cuando el miedo sustituye a la participación, la democracia conserva su fachada, pero pierde su alma.
Por eso esta discusión no es solo jurídica. Es moral, política y nacional. Lo que está en juego no es un artículo aislado. Lo que está en juego es si República Dominicana será una República de ciudadanos libres o una sociedad de personas intimidadas, donde denunciar corrupción, criticar abusos o defender derechos pueda convertirse en una aventura peligrosa.
Desde el Frente Cívico y Social sostenemos una posición clara: la ley debe cumplirse, pero también debe tener límites constitucionales. Una ley que persigue delincuentes es necesaria. Una ley que intimida ciudadanos es inaceptable. Una ley que fortalece la justicia merece respaldo. Una ley que puede convertirse en mordaza merece resistencia democrática.
Defender el patrimonio público no es conspirar. Cuestionar al poder no es delinquir. Criticar una ley no es atacar al país. Al contrario: cuando se hace por la patria, fiscalizar el poder es una forma superior de responsabilidad ciudadana.
A los congresistas de la República y al Presidente les recordamos con solemnidad: ustedes juraron ante Dios y ante el pueblo cumplir y hacer cumplir la Constitución. Ninguna partidocracia y ningún interés de poder está por encima de esa Carta Magna. Cada ley, cada reforma y cada acto de gobierno debe respetar el Estado Social y Democrático de Derecho.
Cuando el poder gobierna de espaldas a la Constitución, no solo viola una norma: traiciona el mandato que juró cumplir.
República Dominicana no necesita miedo. Necesita verdad. No necesita ciudadanos arrodillados. Necesita ciudadanos conscientes. No necesita leyes para oprimir al pueblo. Necesita instituciones capaces de protegerlo.
Ya basta.
La ley debe proteger al pueblo, no oprimirlo.
Código Penal sí. Mordaza no.
