Por Roberto Monclus
Acabo de terminar la lectura de Cómo mueren las democracias, de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, y confieso que pocas obras de ciencia política me han llevado a reflexionar tanto sobre la realidad dominicana. Los autores sostienen una tesis inquietante: las democracias del siglo XXI rara vez sucumben por un golpe de Estado.
Su deterioro suele comenzar de manera gradual, mediante decisiones legales, reformas institucionales y acciones que, tomadas de forma aislada, pueden parecer normales, pero que, en conjunto, terminan debilitando los contrapesos del sistema democrático. La historia ofrece ejemplos elocuentes: en Alemania, la República de Weimar mostró cómo una democracia puede ser desmantelada desde dentro mediante el uso de mecanismos legales y la captura progresiva de las instituciones; en Venezuela, el deterioro democrático avanzó de forma paulatina hasta concentrar el poder y vaciar de contenido los contrapesos; y en Perú, la inestabilidad política y el enfrentamiento constante entre poderes han evidenciado cómo la fragilidad institucional puede erosionar la confianza ciudadana y debilitar la gobernabilidad.
La entrada en vigencia del nuevo Código Penal en la República Dominicana ha reavivado ese debate. Diversos sectores, especialmente organizaciones vinculadas a la defensa de la libertad de expresión y del ejercicio periodístico, han advertido que algunos de sus nuevos tipos penales podrían producir un efecto inhibidor sobre el trabajo de la prensa. Por esa razón, algunos críticos han llegado a calificar esas disposiciones como una “Ley Mordaza”, mientras que sus defensores sostienen que buscan proteger derechos fundamentales como el honor, la intimidad y la dignidad de las personas. Ese contraste de posiciones merece un análisis sereno y desapasionado.
Sería injusto afirmar que el presidente Luis Abinader representa el perfil de un gobernante totalitario descrito por Levitsky y Ziblatt. Durante sus seis años de gestión, la República Dominicana ha mantenido la celebración de elecciones competitivas, el funcionamiento de los partidos políticos y un debate público relativamente abierto. Sin embargo, las democracias no dependen únicamente de la voluntad del jefe del Poder Ejecutivo. También están determinadas por la conducta del Congreso Nacional, del sistema de justicia y de los demás órganos del Estado. Cuando desde cualquiera de esos espacios se impulsan medidas que puedan restringir el escrutinio público o generar temor en quienes ejercen el periodismo, corresponde preguntarse si se están debilitando algunos de los pilares esenciales de una sociedad democrática.
El mayor aporte de Cómo mueren las democracias es precisamente esa advertencia: el deterioro institucional suele ser silencioso. Los autores identifican señales de alerta como el debilitamiento de los controles institucionales, la deslegitimación de las voces críticas y la utilización expansiva de las herramientas legales contra adversarios o sectores incómodos. Eso no significa que toda reforma legal conduzca inevitablemente al autoritarismo, pero sí recuerda la importancia de examinar cuidadosamente cualquier norma que pueda afectar el equilibrio entre el ejercicio del poder y las libertades públicas.
Como periodista y abogado, considero que el debate sobre el nuevo Código Penal debe centrarse en garantizar que la protección de derechos individuales no termine limitando de manera desproporcionada la libertad de expresión ni el derecho de la sociedad a recibir información. La democracia dominicana ha demostrado fortaleza durante décadas, pero esa fortaleza depende de instituciones capaces de tolerar la crítica, proteger el disenso y preservar una prensa libre e independiente. Esa es, quizás, la lección más vigente del libro de Levitsky y Ziblatt: las democracias no se pierden de un día para otro; se erosionan cuando la sociedad deja de vigilar, debatir y defender las libertades que les dan sentido.
