Santo Domingo, RD.– El Ministerio Público presentó una acusación formal y una solicitud de medida de coerción contra Miguel Ángel Guzmán Gómez y Misael (Israel) Mejía Hernández, señalados de presuntamente falsificar documentos societarios para despojar de sus derechos a los socios mayoritarios de Blue Energy Power, S.R.L., empresa responsable de la gestión integral del relleno sanitario y del arrendamiento del vertedero municipal de San Cristóbal.
La acción penal fue sometida ante el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, a raíz de una querella con constitución en actor civil presentada por el doctor Melchor Antonio Alcántara Martínez y el ingeniero Ramón Emilio Cruz, quienes aseguran haber sido víctimas de un esquema fraudulento para apropiarse de sus participaciones societarias.
Según la acusación, los querellantes eran socios legítimos de Blue Energy Power, empresa constituida en noviembre de 2020, que posteriormente adquirió relevancia económica y estratégica tras suscribir un acuerdo con el Ayuntamiento de San Cristóbal para la gestión integral del relleno sanitario y el arrendamiento del vertedero municipal.
El expediente del Ministerio Público establece que los imputados habrían actuado de manera concertada para despojar a los denunciantes de sus cuotas sociales mediante la utilización de documentos societarios presuntamente falsificados.
Entre las piezas cuestionadas figuran un acto de venta de cuotas sociales, un acta de Asamblea General Extraordinaria y una nómina de asistencia, todos fechados el 5 de junio de 2024, con los cuales, según la acusación, se simuló la transferencia de las participaciones de los querellantes a favor de Misael Mejía Hernández.
Como uno de los principales elementos probatorios, el Ministerio Público incorporó el informe pericial No. 0-0298-2025, emitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), el cual concluye que las firmas atribuidas a Melchor Antonio Alcántara Martínez y Ramón Emilio Cruz en los documentos impugnados no corresponden a sus rasgos caligráficos auténticos.
Al término de la audiencia, el abogado Rafael Sena, representante legal de los querellantes, informó que el proceso fue aplazado hasta el 8 de septiembre, con el propósito de que la defensa de los imputados pueda examinar tanto la acusación presentada por el Ministerio Público como la acusación subsidiaria depositada por la parte querellante.
Sena explicó que sus representados poseen el 66 % de la composición accionaria de Blue Energy Power y afirmó que la documentación presuntamente falsificada tenía como finalidad despojarlos del control de una empresa que, según dijo, fue desarrollada con el esfuerzo e inversión de sus clientes.
«Estas personas falsificaron toda la documentación necesaria para intentar despojar a nuestros clientes de sus derechos sobre una empresa que ellos levantaron con mucho esfuerzo y que hoy cuenta con los permisos ambientales para operar la recolección y disposición de desechos sólidos en San Cristóbal», manifestó el jurista.
Asimismo, denunció que los imputados habrían ejecutado diversas maniobras para obstaculizar el acceso de los accionistas a la información societaria y retrasar el curso de la investigación judicial.
El abogado indicó que, aunque comparte la calificación jurídica formulada por el Ministerio Público, considera que los hechos investigados podrían constituir otros ilícitos penales de mayor gravedad, razón por la cual la parte querellante presentó una acusación complementaria.
Sena destacó que la investigación iniciada en 2024 permitió al Ministerio Público reunir pruebas documentales y periciales que, a su juicio, sustentan la acusación formal y fortalecen la tesis de que los documentos utilizados para modificar la estructura societaria de la empresa fueron falsificados.
Añadió que la continuación de la audiencia fue fijada para el próximo 8 de septiembre, fecha en la que el tribunal conocerá los incidentes pendientes y dará seguimiento al proceso judicial.
