Santo Domingo. La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) lanzó este miércoles la primera Red Nacional de Veedores Sociales, una iniciativa que marca un avance en el fortalecimiento de la participación ciudadana y busca incorporar a la sociedad civil al seguimiento responsable de la gestión estatal y la vigilancia del patrimonio público.
El proyecto, promovido por el Pleno de la institución, encabezado por su presidenta, doctora Emma Polanco Melo, inicia con 33 ciudadanos seleccionados, quienes participarán en un programa especializado de capacitación, evaluación y certificación. Esta primera etapa contempla la conformación progresiva de una red de veedores con presencia en distintas provincias del país.
Durante el lanzamiento, la doctora Emma Polanco Melo destacó que la creación de esta red representa un paso importante en el propósito institucional de acercar la fiscalización a la ciudadanía mediante mecanismos que promuevan el control social, la integridad y la rendición de cuentas.
«Queremos que cada ciudadano se convierta en un aliado de la transparencia y en un defensor de los recursos que pertenecen a todos los dominicanos. Con esta red damos un paso decisivo para que la participación ciudadana trascienda el discurso y se convierta en una herramienta efectiva de vigilancia, compromiso y transformación social», expresó la presidenta de la CCRD.
La iniciativa responde a los objetivos estratégicos de la actual gestión, orientados a ampliar los espacios de participación democrática y promover una ciudadanía informada, capaz de dar seguimiento al uso de los fondos públicos, conforme a los mecanismos establecidos en la Ley núm. 18-24.
Con este proyecto, la Cámara de Cuentas procura consolidar un modelo de veeduría social organizado, plural y de alcance territorial, que facilite la identificación de necesidades comunitarias y contribuya a fortalecer la confianza entre las instituciones públicas y la sociedad.
Durante su intervención, el director de la Escuela Nacional de Cuentas (ENC), doctor Juan Miguel Pérez, explicó que la formación constituye uno de los pilares del programa. Subrayó la importancia de conocer la Constitución dominicana para ejercer una veeduría responsable, basada no solo en la observación de la gestión pública, sino también en su comprensión, análisis y evaluación sustentada en evidencias.
«Desde la Escuela Nacional de Cuentas buscamos que los veedores sociales comprendan la auditoría gubernamental desde una perspectiva comunitaria, fortaleciendo sus capacidades para vigilar el uso de los recursos públicos y evaluar su impacto en el bienestar de las comunidades», destacó Pérez.
Por su parte, el director de Control Social de la CCRD, licenciado Bernardo Matías, presentó los principales componentes del proyecto y explicó que esa dependencia tendrá a su cargo la articulación de los futuros comités territoriales y el acompañamiento técnico de sus integrantes, con miras a establecer una estructura ciudadana permanente que contribuya al mejoramiento de la gestión pública.
«Hoy iniciamos un viaje de participación ciudadana que tiene como destino una sociedad más vigilante, comprometida y consciente del valor de sus recursos públicos. Reconocemos a estos primeros 33 ciudadanos por aceptar el desafío de acompañarnos en esta misión de defender lo que pertenece al pueblo y contribuir a construir una cultura de transparencia desde las propias comunidades», afirmó Matías.
En representación de los ciudadanos seleccionados, Mónica Pérez Ero valoró el alcance de la iniciativa y resaltó la importancia de transformar las inquietudes comunitarias en acciones organizadas, respaldadas por conocimientos y herramientas que permitan ejercer una vigilancia responsable.
«Para mí, ahí está uno de los mayores valores de este programa: ayudarnos a pasar de la preocupación a una participación con más conocimientos, más organización y más posibilidades de incidir», expresó Pérez Ero.
Programa de formación especializada
El programa académico, coordinado por la Escuela Nacional de Cuentas y la Dirección de Control Social, está estructurado en seis módulos especializados: «Fundamentos del control social y la participación democrática»; «Marco legal y normativo del control social y los derechos de control ciudadano»; «Ciclo presupuestario, gasto público y comprensión técnica del Estado»; «Veeduría social aplicada y metodologías de monitoreo ciudadano»; «Auditoría ciudadana, lectura de informes e incidencia pública»; y «Ética del veedor social y preparación para la certificación».
A través de esta formación, los participantes desarrollarán capacidades para comprender el funcionamiento de la administración pública, interpretar presupuestos e informes de auditoría, dar seguimiento a obras y proyectos estatales y ejercer la vigilancia ciudadana con criterios técnicos, éticos y de responsabilidad social.
La incorporación al programa está condicionada al cumplimiento de los requisitos de elegibilidad establecidos por la CCRD. Entre ellos figuran ser mayor de edad, no mantener vínculos laborales con instituciones estatales, no ocupar cargos de dirección partidaria, carecer de antecedentes relacionados con actos de corrupción administrativa y no presentar conflictos de interés que comprometan la independencia e imparcialidad de los aspirantes.
Asimismo, los seleccionados deberán disponer del tiempo necesario para completar su formación, aceptar el carácter voluntario y no remunerado de la veeduría y comprometerse con los principios éticos y el manejo responsable de la información.
El acto de lanzamiento se celebró en el salón Pedro Miguel Caratini de la sede institucional y contó con la presencia de la presidenta de la CCRD, doctora Emma Polanco Melo; el vicepresidente, licenciado Francisco Tamárez Florentino; y los miembros del Pleno, licenciados Francisco Franco Soto y Griselda Gómez Santana.
También participaron los 33 ciudadanos seleccionados, representantes de organizaciones de la sociedad civil, así como directores y encargados de distintas dependencias de la institución.
Con la puesta en marcha de la primera Red Nacional de Veedores Sociales, la Cámara de Cuentas reafirma su compromiso de promover una gestión pública más transparente, participativa y abierta al escrutinio ciudadano, mediante el fortalecimiento del control social y la corresponsabilidad en la protección del patrimonio del Estado.
