Santo Domingo. El Dr. Isaías Ramos, en su doble condición de ciudadano dominicano y presidente fundador del Foro Cívico y Social, anunció que fue depositada ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) una acción de amparo electoral para que la Junta Central Electoral (JCE) ofrezca una respuesta expresa, congruente, razonada, completa y útil sobre la ruta administrativa y reglamentaria aplicable a las candidaturas independientes, conforme a la Sentencia TC/0788/24.
Ramos afirmó que el caso no se reduce a una aspiración individual, sino que representa una causa nacional: defender el derecho fundamental que tiene todo dominicano a elegir, ser elegido y recibir respuesta de las autoridades cuando solicita claridad institucional.
El presidente fundador del Foro explicó que la entidad solicitó a la JCE requisitos, pasos, plazos, formatos, condiciones técnicas, ampliación motivacional, un protocolo de certeza electoral y una reunión técnica. Sin embargo, sostuvo que la JCE ofreció una respuesta formal que el Foro considera vaga, evasiva e insuficiente, al no contestar el fondo operativo de lo solicitado ni establecer una ruta clara hacia el proceso electoral de 2028.
“El derecho a ser elegido no pertenece a las cúpulas, ni a los partidos, ni a estructuras cerradas. Pertenece al ciudadano dominicano. Si ese derecho se bloquea por silencio, omisión o falta de reglas claras, la democracia se empobrece y el pueblo pierde poder”, expresó Ramos.
Ramos precisó que la acción ante el TSE no pide que la JCE legisle, sustituya al Congreso ni declare inconstitucionalidad alguna. “Pedimos algo elemental en un Estado de Derecho: que la JCE cumpla el precedente vinculante, responda motivadamente y garantice certeza electoral antes del juego”, sostuvo.
Recordó que el artículo 184 de la Constitución establece que las decisiones del Tribunal Constitucional son precedentes vinculantes para todos los órganos del Estado. Por tanto, dijo, la JCE no puede tratar la Sentencia TC/0788/24 como si fuera una opinión opcional.
“El problema no es solo administrativo. Es constitucional. Cuando un órgano electoral deja sin respuesta útil un precedente vinculante sobre participación política, se lesiona la confianza pública, se debilita la supremacía constitucional y se abre la puerta a la improvisación, la judicialización y la sospecha sobre las reglas electorales”, indicó.
“De persistir el incumplimiento efectivo de la TC/0788/24 y la falta de certeza electoral, el país podría entrar en una espiral de inconstitucionalidad política, institucional, económica y social de consecuencias imprevisibles y funestas para la democracia dominicana. No buscamos confrontación; buscamos Constitución, reglas claras y respeto al pueblo”, concluyó Ramos.
