Santo Domingo.- Las denuncias de corrupción en el Consejo Estatal de Azúcar (CEA) siguen en aumento sin que se produzca un cambio en la dirección de la institución que encabeza Rafael Burgos Gómez, acusado de usufructuar terrenos para beneficiar a un empresario del sector combustibles.
El abogado Moisés Sánchez Severino y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, al hacer la denuncia ante los medios de comunicación explicaron que pese a la disposición del presidente Luis Abinader para detener la corrupción en el CEA, los esfuerzos no han sido suficientes.
«El presidente Luis Abinader ratificó la prohibición de la transferencia a particulares de terrenos del CEA dispuesta desde el año 2016 en el gobierno de Danilo Medina, pero el director tiene un negocio con las ventas de terrenos, despojando a los verdaderos propietarios», afirmó Sánchez Severino, representante de Juan Rivera, uno de los afectados por las acciones del CEA y su director, Burgos Gómez.
Señaló que a más de trece meses del presidente Abinader emitir el Poder Especial 36/25, de fecha 10 de marzo del 2025, ordenando al director del CEA a suscribir los contratos mediante el cual vende, cede y transfiere porciones de terrenos a varias personas físicas, a la fecha, Burgos Gómez no ha dado una respuesta al señor Juan Rivera y otros propietarios legales.
«Estamos preocupados, porque el señor Rafael Burgos Gómez ha decidido desacatar una orden presidencial, con el fin de beneficiar a un empresario del sector de combustibles involucrado en varias ocupaciones irregulares de terrenos del CEA, en el Municipio Santo Domingo Este, quien desde el 2017, está interesado en poner una estación de combustibles en el sector de la Ciudad Juan Bosch», manifestó Sánchez Severino.
Asimismo, reiteró sus quejas al señor Rafael Burgos Gómez, ya que, hace más de un año que recibió la orden del presidente y en vez de dar una repuesta, ha decidido mantener una actitud desafiante, desacatando el mandato.
Según Sánchez Severino, las evidencias recopiladas hasta el momento demuestran que Rafael Burgos Gómez, en su afán de beneficiar al señor Gangle Vásquez Rodríguez, representante de Credigas, le solicitó al presidente la revocación del Poder Especial 36/25, a espalda del Consejo Directivo del CEA, el órgano jerárquico más alto dentro la estructura del CEA.
Aseveró que este órgano autorizó en el 2019 la venta a Juan Rivera, debido a que cumplió con el debido proceso.
Además, denunció que Burgos Gómez y César Cedeño durante los años 2023/2024/2025, de manera fraudulenta, le adjudicaron a Vásquez Rodríguez nueve terrenos que totalizan 150,000 Mt2, dentro de la Parcela No. 21-C-2 (Parte) D. C. 32, a través de dos adendas sobre una permuta por 50,000 Mt2 del 2003 anulada, sin seguir el debido proceso, ni constar con plano georreferencial ni deslinde, le entregaron una carta franca para ocupar los terrenos.
Declaró que de este total, 100,000 Mt2 fueron entregados por Burgos Gómez, actual Director del CEA. Dichas adendas se encuentran depositadas en el Tribunal De Tierras De Jurisdicción Original del Distrito Nacional, Séptima Sala.
Agregó que, en adición al Poder Especial 36/25, Burgos Gómez tiene en su escritorio dos informes, uno hecho por la sección de Conciliaciones y otro hecho por una la Comisión Especial nombrada para conocer este caso, los cuales dan ganancia de causa al señor Juan Rivera, quien es legítimo propietario del terreno.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por su parte, demanda la intervención urgente del presidente Abinader para la solución de este caso y pide la destitución de Burgos Gómez como director del CEA.
