Por Valentin Medrano Peña.
Llegó una nueva embajadora, al fin se le pone fin a la sequía de representación diplomática del mayor y más grande socio comercial y patriarcal de la República Dominicana. Una joven y bella mujer, con un historial impecable y con una clara determinación a hacer valer y proteger los intereses norteamericanos, que algunas pocas veces coinciden con los mejores intereses nacionales y regionales.
Desde Washington se sembró el discurso anti Lawfare, el uso del sistema de justicia (jueces y fiscales como soldados) para perseguir a opositores políticos, y la embajadora Leah Campos, mostró el temple, abordó el discurso, desnudó a la USAID pero dejó intacta a Participación Ciudadana, habló justo antes de la liberación del otrora candidato del gobierno, hoy opositor, Gonzalo Castillo, y este, sintiéndose amparado, al anuncio de un auto de no ha lugar, que es recurrible, anunció sus aspiraciones presidenciales, sin cuestionar al sistema, sin hablar de injusticias y de Lawfare, puso en marcha sin quererlo, la maquinaria lobistica del gobierno y del Ministerio Público que tiene como empleados, docentes, a la mayoría de los jueces penales, pero es solo docencia que es compatible con la función de juez aunque el Ministerio Público sea una parte obligada en los procesos penales.
El efecto judicial Gonzalo no es aportar más pruebas a los procesos, es hacer valer las pretensiones de un Ministerio Público en cuestionamiento general por su ineficiencia ante la debacle de sus pretensiones y el lawfare integrado a los mismos. El efecto Gonzalo no es afinar las técnicas de litigación y exprimir verdades irrefutables que se conviertan en pruebas de condenas, el efecto Gonzalo es hacer lo que sea para cambiar el derrotero señalado por esos fracasos, procurar, diligenciar, pedir favores si es necesario, para lograr un revés del revés.
Y hoy muy temprano, de madrugada, lawfare mantenido, pero que se puede camuflar, pues los militares no son contrarios políticos, aunque estos en especial son vendidos como lugartenientes de un político objetivo de los políticos del poder, el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional, por razones que jamás podrán justificar, repartió cerca de doscientos años de condenas a lo que ese tribunal consideró un entramado criminal que funcionaba en el gobierno anterior.
Como nada queda ocultos debajo de los cielos, algún día sabremos sus verdaderas motivaciones pues una que no está presente es la justicia.
No me voy a extender en particularidades y solo me remitiré a ese mismo tribunal y sus propias decisiones precedentes, sus penas exhorbitantes en este caso, cuatro condenas de 20 años a cuatro generales, y un concierto de años sin razón o con bases en pruebas, y sus condenas anteriores, amén de que el reparto de condenas en el mismo proceso denominado Coral por el Ministerio Público, el que no recibió siquiera de ese tribunal una amonestación verbal por afectar la dignidad de los imputados reducidos a moluscos y no a personas, y en este caso, también el Ministerio Público fue autorizado a fabricar sus propias pruebas en un ilegal e ilegítimo ente creado para fabricar peritaje al margen de la ley 454-08 que crea el INACIF, así las cosas, a ello se reduce el constitucional principio de igualdad de todos ante la ley y de armas en el proceso y la legalidad de las pruebas.
Volviendo al tema, para el tribunal colegiado, el lawfare americano es americano de norteamérica, no de esta isla tropical, nada ha ocurrido. Empero, como ya he adelantado, ese primer tribunal colegiado condenó a las penas máximas de veinte años por la ley de lavados de activos, a cuatro generales y un chin más, para ello no valoró carreras, grado académico, vida personal ni individualizó su interrelación social y conductual, veinte años por ley 155-17, por un presunto manejo turbio de 4,500 millones de pesos que jamás fueron probados. Sin embargo, ese mismo tribunal, con las mismas componentes, con el mismo ministerio público, en la misma sala de audiencias, y por un monto un tantito más elevado de presunto dinero lavado, 5,600 millones, con la admisión de algunos de los culpables, condenados en Estados Unidos y en Brasil, que acordaron pagar el duplo de la condenación (11,200 millones) en el caso denominado Odebrecht, condenó a un máximo de penas de 8 y 5 años, es decir, la pena que le impuso al lavacarros de la presunta lavandería Coral. Ese solo hecho demuestra la irracionalidad, la violación a sus precedentes, la falta de equidad e igualdad, el sesgo, la injerencia política, sino en Coral en Odebrecht, pues la única diferencia es quien gobierna y quien acusa, y quienes se prestan al lawfare.
Más sobre el autor: Lic. Valentín Medrano Peña, es miembro del Instituto Dominicano de Derecho Penal.
