SANTO DOMINGO. – Tras el Consejo Nacional de la Magistratura ratificar a 5 de los actuales 11 jueces de la Suprema Corte de Justicia para un nuevo periodo, el jurista Eduardo Jorge Prats destacó que ahora se abre un espacio para 6 jueces, donde el 75 % recae en los de carreras y el 25 % en los de la comunidad jurídica privada. Sin embargo, señaló que la discusión ahora se centrará en quién debe ser el presidente de la SCJ.
Ante la pregunta de si tenía un favorito para presidir la SCJ, Prats dijo que solo un hombre que venga fuera de la carrera judicial puede emprender la tercera ola de reformas que necesita el sistema judicial, para dar continuidad al trabajo que hizo Jorge Subero Isa.
«Yo formo parte de un grupo de personas que entendemos que Fernando Langa, que ha sido uno de los candidatos que más ha salido a relucir, es la persona ideal porque tiene toda una trayectoria como abogado ligado al sector privado, ligado al sector seguros, en eso se parece en gran medida a Jorge Subero Isa, y con una oficina que ha sido exitosa», destacó.
Señaló que hay que reforzar el control ciudadano y trabajar para evitar la corrupción en los distritos judiciales, al tiempo que destacó que «los hombres no son ni ángeles ni demonios y que por eso el sistema necesita un balance».
«Yo creo que Langa representa ese sentir, porque hay un sentir nacional de que debe haber un relanzamiento del Poder Judicial… ¿Que puede haber un juez de carrera? Yo creo que sí, lógicamente, el Poder Judicial es un poco más oscuro que la transparencia de la sociedad, habría que ver, pero claro, pueden surgir de los que están ahí o los que se designen», dijo, al apuntar que en este tema el presidente de la República y del CNM debe dejar su impronta.
Para Prats no conviene que el presidente de la SCJ sea de carrera, porque entiende que en la etapa burocrática que vive el Poder Judicial, hay una tentación de solo verse el ombligo porque la corporación judicial se vuelve un espíritu de cuerpo, citando como ejemplos las luchas salariales y los privilegios de los jueces, cuando hay otras cosas que preocupan a la ciudadanía.
«Hay otras cosas que preocupan al ciudadano: el acceso a la justicia, los casos de violencia intrafamiliar no son procesados ni debida ni prontamente, el problema de la justicia digital, faltan jueces más cercanos a la gente… en fin, un conjunto de acciones que necesitan la visión externa», señaló durante una entrevista este jueves en el programa Uno + Uno.
La etapa que encabezó Subero Isa
Eduardo Jorge Prats explicó que el sistema viene de una metodología empírica o primitiva, que era el modelo balaguerista, donde el Poder Judicial era como la cenicienta de los poderes.
Señaló que contra ese modelo es que se hace la reforma constitucional y comienza una segunda etapa que encabeza Jorge Subero Isa: «un hombre fuera del Sistema Judicial, vinculado estrechamente al Partido Reformista Social Cristiano, con una gran trayectoria en su carrera profesional como abogado de seguros de la responsabilidad civil».
«Es precisamente Subero quien encabeza toda una reforma judicial, la creación de la Escuela Nacional de la Judicatura, la creación del Servicio de Inspectoría Judicial y, entonces… digamos que esa es la segunda ola de reformas. Ese modelo ha subsistido a esta época, pero tenemos que pasar a una tercera fase, que es la ola de la democratización de la justicia que ya la vemos visible con la expresión de las asociaciones de jueces, pero queda mucho por hacer», apuntó.
Explicó que es importante poner en contexto lo que significa esta evaluación y designación de los miembros de la Suprema Corte de Justicia, que invita a ver hacia atrás, respecto a lo que fue la reforma constitucional de 1994, donde se estableció la inamovilidad de los jueces.
«En ese momento nosotros encabezábamos un movimiento que favorecía la inamovilidad de por vida, como lo quería Eugenio María de Hostos. De la Suprema Corte se debe salir de modo horizontal, directo a la Funeraria Blandino”: muchos se opusieron a la inamovilidad de por vida y, entonces, hubo un modelo transaccional de que fuese inamovilidad hasta una edad determinada de retiro», señaló.
Añadió que es entonces cuando decidieron luchar porque fuera el retiro opcional, pero que triunfó la idea del retiro obligatorio: «Y finalmente todo esto terminó con un sistema perverso de periodo de 7 años con una evaluación que obliga a los jueces a ponchar tarjeta cada 7 años frente al CNM».
Manifestó que en el futuro habrá que plantearse una reforma constitucional para que no haya esta discusión permanente: «Si no se quiere una inamovilidad de por vida, habrá que ir a un sistema como el del TC, periodos largos de 9, de 10 o 15 años que no coincidan con el ciclo electoral».
