Por: MARCOS ANTONIO MARTÍNEZ, MGP
La inversión de capital es catalizadora del desarrollo económico de los territorios y esto no es ajeno a la República Dominicana. Los capitales de inversión buscan eficiencia en los procesos de permisología para la apertura de nuevas empresas. Consultan y evalúan indicadores, analizan el clima de negocios; interpretan los datos y, si no resultan atractivos, migran hacia entornos con menos procesos burocráticos y mayor seguridad jurídica.
Países emergentes han logrado avances notables en la reducción de tiempos para permisos, reflejándose la eficacia de dichas acciones en los informes Doing Business – clima de negocios-. El Banco Mundial en el 2000 situó a Lituania en el puesto 94 al 11; por reducir plazos de permisología de 102 a 28 días, ascendiendo, recibiendo en 2023 inversiones por 3,830 millones de dólares, un aumento del 58.35 % respecto a 2022. Georgia escaló al top 10, Marruecos al 30 día; y Colombia unificó normativas técnicas logrando mejoras en ciudades como Bogotá y Medellín.
En contraste, la República Dominicana, a pesar de intentos, aún enfrenta trabas en la coordinación institucional, digitalización efectiva y definición clara de plazos, lo que limita su competitividad en la atracción de inversiones.
Construir en República Dominicana no depende exclusivamente del capital o de la visión empresarial, sino de la capacidad para navegar un laberinto burocrático de instituciones, formularios, pagos, validaciones técnicas y esperas interminables. El país ocupa la posición 116 de 190 en el indicador Doing Business, cifra que apenas refleja una realidad mucho más compleja.
Coherente con sus propósitos, el presidente Luis Abinader creó mediante decreto una comisión que definió plazos para trámites claves, incluyendo la Ventanilla Única de Inversión (VUI) y la Ventanilla Única de Construcción (VUC), con plazos 60 a 120 días según la complejidad. No obstante, al cierre de julio de 2025 no se han publicado indicadores de cumplimiento ni evidencia de aplicación plena de los plazos del decreto, aunque existen avances parciales.
El MIVHED ha realizado esfuerzos importantes y valorables asumiendo su rol como coordinador de estos procesos. Sin embargo, persisten largas esperas burocráticas en los gobiernos locales y más aún en el Ministerio de Medio Ambiente, este último con esperas de hasta 6 meses según gremios de la construcción, que señala que la digitalización operativa aún no es efectiva.
La permisología es un reflejo del modelo de gobernanza urbana. Cuando el acceso a las licencias se convierte en un proceso opaco y lento, se alimenta la desconfianza en las instituciones y el descreimiento en el Estado de derecho.
El país no necesita más diagnósticos en este tema; necesita decisiones. Las siguientes acciones sugeridas por interesados, no debería ser opcionales, sino imprescindibles:
- Aplicación eficiente del marco normativo único y digitalizado: Consolidar en un solo reglamento nacional los criterios técnicos, ambientales y urbanísticos, interoperables entre instituciones, conforme a la Ley 368-22. Y. Equipos de técnicos fiscalizadores: Encargados de supervisar el cumplimiento de plazos y procedimientos
- Descentralización con responsabilidad: Transferir capacidades a los gobiernos locales, con supervisión, formación técnica continua y un sistema de rendición de cuentas basado en resultados medibles.
- Sistema nacional de licencias urbanas únicas: Plataforma para todas las solicitudes, validaciones, trazabilidad de tiempos y consultas públicas en línea, con asignación de número único a un equipo técnico interdisciplinario, y con actualización en tiempo real del estatus de los proyectos: En cada instancia involucrada e indicadores de desempeño institucional publicados periódicamente: Que ciudadanos y desarrolladores puedan conocer los tiempos de respuestas y el grado de cumplimiento de cada municipalidad.
La agilización del permiso de construcción no solo representa una mejora administrativa, Es una estrategia económica. Simulaciones basadas en casos internacionales —como South Carolina, Marruecos y ciudades estadounidenses—, ajustadas al mercado dominicano, indican que reducir los plazos de tramitación de 150 a 60 días podría generar ahorros anuales entre RD$1,000 y RD$2,000 millones, acelerar la ejecución de obras hasta en seis meses, incrementar la inversión privada formal en un 10 % y aumentar en 20 % la recaudación municipal.
Asimismo, se estiman entre 5,000 y 8,000 empleos adicionales por año. Estudios señalan la construcción son un 9 % del 12 % del PIB generando 290,000 empleos directos e indirectos aportando más de RD$8,000 millones recaudación fiscal. Sus retrasos afectan un 25 % del flujo anual de capital —
Proyecciones realizadas a partir de una simulación comparativa indican que, si no se corrigen las demoras estructurales en el sistema de permisos —hoy estimadas en más de 150 días—, la República Dominicana podría dejar de movilizar más de RD$1.5 billones en actividad económica formal en el sector construcción durante los próximos diez años (2025–2034). Esta inercia afectaría la generación de entre 145,000 y 232,000 empleos y ocasionaría pérdidas fiscales por más de RD$20,000 millones.
Estos resultados no provienen de un estudio econométrico, sino de simulaciones técnicas basadas en fuentes reconocidas: Doing Business, VUC, programa Burocracia Cero, Ministerio de Hacienda y referencias internacionales como Marruecos y Carolina del Sur. Se trata de una aproximación técnica ajustada a la escala del mercado dominicano, que permite visualizar el costo de oportunidad de no modernizar y agilizar la permisología urbana.
Mas sobre el autor: Arquitecto y urbanista | Especialista en planificación territorial
Ex director de Planeamiento Urbano Ayuntamientos de Sto. Domingo Oeste y Este
