Santo Domingo,- El coordinador general de Participación Ciudadana dijo que, si la norma lo permitiera, en el caso de la tragedia del Jet Set a los inculpados Maribel y Antonio Espaillat se les debería aplicar una condena de cadena perpetua.
El jurista Francisco (Pancho) Álvarez Valdez aclaró que otros pensarían que la pena a aplicar sería la pena de muerte, pero eso no está tipificado en el ordenamiento jurídico nacional.
Álvarez Valdez calificó esa tragedia como un caso penoso y doloroso, y dijo entender a las víctimas y sus familiares cuando expresan su pesar por el hecho de que, habiendo 236 muertos y cerca de 200 heridos, a los inculpados solo se les pueda aplicar una pena máxima de dos años de prisión.
Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA, que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, Pancho Álvarez aclaró, sin embargo, que está de acuerdo en que en el caso no se tipifica la figura del dolo eventual.
Agregó que ha acompañado a víctimas de la tragedia a reunirse con la procuradora general de la República, la magistrada Yeni Berenice Reynoso, a los cuales les ha manifestado que no les dirá lo que ellos quieren escuchar, sino que en ese caso lo que hay es un homicidio involuntario, tal y como fue la acusación del Ministerio Público, porque la norma no permite sacarlo de ahí.
“A pesar de que se nos desgarra el alma por esa situación, pero esa es la realidad desde el punto de vista técnico”, insistió el reconocido abogado.
Explicó que “tanto es así, que el nuevo Código Penal que entra en vigencia en agosto tiene un artículo que debería titularse con el nombre del jet set.
Establece que cuando de manera involuntaria se mata a una persona, se le aplica una pena; X; cuando son dos personas, la pena es más; X; cuando son tres, se agrava con más X, y así sucesivamente, va aumentando en la medida que haya más víctimas.
Pancho Álvarez insistió en que eso está calcado con el nombre del jet set; se redactó ese artículo en base a la experiencia de esa tragedia que enlutó al pueblo dominicano, porque el legislador se dio cuenta de que el Derecho llegaba hasta ahí, y había que ampliarlo para que eso no vuelva a ocurrir.
“Mira, yo puedo pensar que en un caso como ese merece cadena perpetua, pero no tenemos cadena perpetua en República Dominicana, o sea, merece cadena perpetua, y yo estoy seguro de que habrá algunos que dirán que ahí se debería aplicar la pena de muerte, pero no podemos aplicar lo que no tenemos, pero merecería la cadena perpetua”, recalcó Pancho Álvarez.
Rechaza en RD exista lawfare; insiste Gonzalo y Peralta deben ir a juicio de fondo por caso Calamar
El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana rechazó que en el país se ponga en práctica el lawfare, un anglicismo que implica la instrumentalización del sistema de justicia con fines políticos, fabricando acusaciones falsas, o abusar de los procedimientos legales para desprestigiar o inhabilitar a un adversario.
“No, yo creo que no, mi opinión es que aquí no se han utilizado mecanismos que traten de inhabilitar a líderes políticos, que haya habido funcionarios públicos que hayan aspirado a funciones electivas, eso es otra cosa; si tú estuviste en un cargo público, administrándote mal el dinero y distrajiste fondos, ahí no se puede hablar de lawfare”, precisó Pancho Álvarez al ser entrevistado en el programa D´AGENDA.
El activista social se pronunció en esos términos al ser cuestionado sobre lo externado por la embajadora de los Estados Unidos en el país, Leah Campos, quien rechazó de manera categórica cualquier intento de manipular los procesos judiciales con fines políticos, ya que tales acciones socavan fundamentalmente la integridad de las instituciones democráticas. La diplomática también reveló que cuando asumió sus funciones, pudo percibir que en algunos casos, la facultad de la embajada para revocar visas habría sido utilizada dentro de dinámicas políticas locales.
El reconocido jurista defendió el derecho que tiene la embajadora de expresar sus criterios sobre ese particular, porque él es una persona que cree en la democracia global.
“Yo soy el que creo en la globalización, y ella tiene el derecho de opinar, no hay atentado a la soberanía nacional. Para mí eso es parte de la democracia; la democracia ya no solo se circunscribe a la República Dominicana, sino que es un valor universal”, explicó.
Álvarez insistió en el derecho que tiene la embajadora para expresarse en la forma que lo hizo, aunque se pueda diferir o no de ella, porque al fin de cuentas esa es la democracia, y él no percibe ninguna dificultad en ese sentido.
Recordó que el avance hacia la democracia de los países de la región fue gracias a la cooperación de los Estados Unidos a través de programas como “Alianza para el Progreso”, “El Cuerpo de Paz” y la Agencia para el Desarrollo Internacional, conocida como la USAID.
“Quien no recibió fondos de la USAID? En el caso de Participación Ciudadana, el financiador más importante ha sido dicha Agencia, igual se ha recibido cooperación de los gobiernos de Inglaterra, Alemania, Canadá, para trabajos en los procesos electorales y la lucha contra la corrupción. Pero cada país es libre de decidir si colabora o no, y de qué forma lo hace”, reconoció el activista social.
Dijo no compartir una decisión del presidente Donald Trump, quien instruyó a los fiscales de Estados Unidos para que no persigan a empresarios norteamericanos que cometen actos de corrupción en el exterior, bajo el alegato de falta de competitividad, y dijo que él prefiere que la gran nación del norte colabore para mejorar los procesos de compras y contrataciones de los países que tienen deficiencias en ese sentido.
Coordinador PC dice a Gonzalo y Peralta les conviene demostrar su inocencia en juicio de fondo
Francisco Álvarez, coordinador general de Participación Ciudadana, aseguró que Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta deben ser los más interesados en que su vinculación en el expediente del caso Calamar se debata en un juicio de fondo donde puedan demostrar, con pruebas, su inocencia.
“Lo que dice el Código Procesal Penal es que para enviar a juicio de fondo, basta que haya la probabilidad de una condena, no es certeza de una condena, es probabilidad, el estándar probatorio es diferente, y en una audiencia preliminar lo que se determina es la probabilidad de que pueda haber una condena”, explicó el reconocido jurista.
Dijo que en el caso de Gonzalo Castillo hay una persona, Mimilo Jiménez, presentado como testigo por el Ministerio Público, quien dijo haber entregado miles de millones de pesos a Castillo Terrero, y eso solo hubiese bastado para enviarlo a un juicio de fondo.
“Quienes alegan que Jiménez llegó a un acuerdo con el Ministerio Público y por eso le restan credibilidad a su testimonio, sin embargo, tanto él, como José Ureña, Fernando Crisóstomo y Francisco Pagán, fueron impugnados como testigos, y la magistrada Altagracia Ramírez que conoció la audiencia preliminar, rechazó la impugnación de esos testigos”, recordó el activista social.
Agregó que esos testimonios los admitió como pruebas para juicio de fondo, pero para la magistrada eso no fue suficiente para que Gonzalo Castillo fuera a juicio de fondo, “con eso no se está diciendo que es culpable o inocente, sencillamente se está diciendo que vale la pena que esas pruebas sean valoradas en el juicio de fondo”.
Pancho Álvarez precisó que el testimonio que perjudicó a Castillo Terrero no se escuchó en la audiencia preliminar, porque esa instancia no es un espacio para eso; ahí se puede determinar si una prueba es obtenida de forma legal o ilegal, y determinar si se admite o se rechaza.
“En Participación Ciudadana hemos dicho que en los casos de corrupción que están fundamentados en una cantidad de pruebas importantes lleguen a juicio de fondo, es decir, que superen la etapa de la audiencia preliminar, que no se queden en el no ha lugar, porque ahí no se escuchan los testigos”, insistió.
Reiteró que “yo creo que les conviene a ellos, Gonzalo y José Ramón, que la acusación que pesa en su contra se ventile en un juicio de fondo, porque cuando hay un no ha lugar, donde no se han escuchado los testigos y las pruebas no han sido valoradas, para contrastarlas con los testimonios, para ver si hay consistencia o no; porque cuando eso ocurre, siempre quedará las dudas de si son responsables o no, pero si ellos consiguen una absolución en un juicio de fondo, pueden decir en cualquier lugar que están libres de pecados”.
Vaticina cuando Abinader abandone el poder se destaparán más casos de corrupción de sus gobiernos
El reconocido abogado Francisco Álvarez reconoció que en la gestión del presidente Luis Abinader se han procesado casos de corrupción cometidos en la actual gestión, pero vaticinó que cuando el actual mandatario abandone el poder vendrán muchos más expedientes.
“Es difícil procesar un caso cuando los responsables están en el poder; usualmente, esos casos se destapan cuando esa gente sale del gobierno. En las gestiones de Danilo Medina no se destapó ningún caso, pero tan pronto abandonó la presidencia aparecieron los casos”, recordó el coordinador de Participación Ciudadana en entrevista en el programa D´AGENDA.
Vaticinó que “eso es, posiblemente, lo que va a pasar con esta gestión de gobierno; ojalá que no, que tan pronto termine el segundo periodo comiencen a aparecer casos de corrupción porque cuando se acerca el final de un gobierno, algunos funcionarios públicos dicen: ‘Este es el momento, es ahora o nunca, y tratan de asegurar el reto de su vida, robándose el dinero del Estado”.
“Esos casos explotan usualmente después que se sale del poder; Abinader no ha salido del poder todavía y sin embargo ya hay casos como el de Senasa, el Oncológico de Santiago, el Intrant, que merecen sanciones, y los responsables lo determinará el Ministerio Público con su investigación y los jueces son su decisión”, subrayó Pancho Álvarez.
Sobre la sentencia del caso Coral, donde 29 personas fueron condenadas, entre ellas generales que cuidaban la seguridad de Danilo Medina en sus dos periodos de gobierno, el activista social dijo que la misma sienta un precedente ya que hay imputados que fueron condenados a 20 años de prisión, que es la pena máxima por corrupción, y sobre todo a altos oficiales militares activos, lo que envía un potente mensaje a todo el que maneja los recursos del Estado de que debe hacerlo con transparencia.
En cuanto al caso en que está encartado el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, Pancho Álvarez dijo que es hora ya de que los tribunales conozcan el fondo de la acusación, y aclaró que todo el que llegó a acuerdo con el Ministerio Público, en delación premiada, deberá ser testigo a cargo del órgano persecutor.
