SANTO DOMINGO.– El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, atribuyó el agravamiento de la inseguridad y la delincuencia en el país al incumplimiento de las políticas y acciones prometidas por el Gobierno, así como a lo que calificó como incompetencia de la actual administración y repetición de prácticas cuestionables para enfrentar el problema.
Vargas sostuvo que, más que alocuciones con cifras que considera alejadas de la realidad y “escenas de advertencia”, las autoridades debieron concentrarse en formular y ejecutar políticas eficaces para garantizar la seguridad de la población.
“Más que alocuciones con cifras contrapuestas a la realidad y escenas de advertencia, el Gobierno debió honrar su compromiso de formular y poner en práctica políticas dirigidas a afrontar el grave problema de la inseguridad y la delincuencia”, expresó.
El dirigente opositor recordó que desde la campaña electoral de 2020 el actual oficialismo colocó la seguridad ciudadana y la transformación de la Policía Nacional entre sus principales compromisos. El programa gubernamental presentado entonces contemplaba una reforma integral de la institución orientada, entre otros objetivos, a disminuir y controlar los actos delictivos.
Vargas consideró que, transcurridos seis años de gestión, el Gobierno debe reconocer lo que definió como un fracaso frente a la delincuencia y sostuvo que los incumplimientos han afectado la confianza de una población que describió como angustiada por la inseguridad.
Cuestionó además que sectores que desde la oposición reclamaban profundas reformas en la lucha contra la inseguridad y el cese de las ejecuciones extrajudiciales recurran ahora, según afirmó, a prácticas similares a las que anteriormente condenaban.
A juicio del presidente del PRD, esa situación también perjudica la imagen de la Policía Nacional y contradice los objetivos de transformación institucional planteados por las propias autoridades.
Vargas insistió en que enfrentar la delincuencia requiere políticas y acciones efectivas, acompañadas de una actuación institucional respetuosa de la legalidad, en lugar de respuestas que, a su entender, evidencian improvisación e incompetencia frente a uno de los principales problemas que afectan a la población.
