Costa Rica. El juez presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Francisco Jerez Mena afirmó que en medio de la era y transformación digital la Justicia no debe perder su capacidad indispensable de decidir con legitimidad, ser comprendida y garantizar derechos.
El magistrado Jerez Mena se expresó en esos términos durante su participación en la reunión extraordinaria del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe (CJCC), realizada en Costa Rica, en calidad de país coordinador del Grupo Especializado de Trabajo (GET) de Transformación Digital y en la cual abordó el tema “Acelerando la transformación digital en Centroamérica y el Caribe para fortalecer la eficiencia, la transparencia y el acceso a la justicia”.
En ese contexto, sostuvo que, si la tecnología es incorporada sin gobierno jurídico, la justicia no se moderniza, sino que se desplaza, y afirmó que una justicia desplazada puede seguir produciendo decisiones, pero deja de garantizar derechos.
“En conjunto, esta visión posiciona al Grupo Especializado de Trabajo de Transformación Digital como un referente regional en la incorporación responsable de la inteligencia artificial en la justicia, reafirmando su compromiso de acompañar a los poderes judiciales en la construcción de un modelo de justicia del futuro que combine innovación tecnológica con el pleno respeto de los derechos fundamentales, avanzando hacia una justicia más eficiente, inclusiva, segura y centrada en las personas”.
Proyección a futuro
El magistrado Jerez Mena explicó que, a partir de los avances impulsados en el marco del CJCC y del liderazgo del Poder Judicial de República Dominicana en el Grupo Especializado de Trabajo (GET) de Transformación Digital, se proyecta una visión a futuro orientada a consolidar una agenda regional que profundice la modernización de los sistemas judiciales mediante la incorporación progresiva de tecnologías emergentes y el fortalecimiento de la gobernanza digital.
Asimismo, informó que el Grupo se encamina hacia una nueva etapa centrada en la integración estratégica de la inteligencia artificial (IA) en los procesos judiciales, no como sustituto de la función jurisdiccional, sino como una herramienta complementaria destinada a optimizar la gestión, fortalecer la toma de decisiones y mejorar la experiencia de las personas usuarias.
Planteó los desafíos de esta evolución tecnológica que requieren atención prioritaria por parte de los poderes judiciales de la región, entre ellos, destacan la necesidad de garantizar el respeto a los principios del debido proceso, la independencia judicial y la debida motivación de las decisiones; la mitigación de riesgos asociados a sesgos algorítmicos y a la opacidad de los sistemas de IA; la protección de datos personales y la seguridad de la información judicial; así como el desarrollo de marcos normativos y éticos que regulen su uso responsable.
El magistrado Jerez Mena informó que, en respuesta a estos retos, el Grupo se propone avanzar en la construcción de un marco regional de gobernanza de la Inteligencia Artificial en la justicia, impulsando la elaboración de principios comunes sobre ética, transparencia, explicabilidad y supervisión humana.
Asimismo, promoverá el desarrollo de proyectos piloto controlados que permitan validar soluciones tecnológicas en entornos reales, así como la generación de espacios de intercambio técnico para compartir experiencias, lecciones aprendidas y modelos de implementación adaptados a las realidades de cada país.
Sesionan en Costa Rica
La sesión extraordinaria del Consejo Judicial Centroamericano y el Caribe se realiza del 5 al 6 de mayo en Costa Rica, en la misma los poderes Judiciales de la Región Centroamericana y el Caribe firmaron la Declaratoria “Poderes Judiciales Independientes como garantía del Estado de Derecho y de la paz social en Centroamérica y el Caribe”, Por una justicia centrada en las personas”.
El compromiso regional se llevó a cabo durante la apertura de la sesión extraordinaria del Consejo Judicial Centroamericano y el Caribe (CJCC), integrado por los Poderes Judicial de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Puerto Rico y República Dominicana cuya participación se realizó de forma presencial y virtual.
Además, se recibieron como miembros observadores a representantes judiciales de la República de Cuba, el Reino de España y organismos internacionales.
La Declaratoria Regional reafirma la voluntad de “defender y fortalecer la independencia judicial e imparcialidad como garantía indispensable para la vigencia del Estado de Derecho, la democracia y la protección efectiva de los derechos fundamentales para todas las personas de la región, en estricto apego a la normativa de cada país, en respeto a los estándares internacionales en la materia”.









