El experto en Derecho Constitucional, doctor Eduardo Jorge Prats, afirmó que la sentencia del Tribunal Constitucional, que establece candidaturas independientes no pone en juego la primacía de los partidos como los principales articuladores de la voluntad popular y electoral.
Jorge Prats plantea que las candidaturas independientes van a enriquecer el menú electoral y obligará a los partidos a presentar mejores candidatos y a integrar fuerzas sociales al interior de sus formaciones partidarias.
“Comparto la idea de Eddy Olivares, que posiblemente es la cabeza mejor montada en derecho electoral, en política electoral de República Dominicana, que ha dicho que esto no pone en juego la primacía de los partidos como los principales articuladores de la voluntad popular y de la voluntad electoral”, argumenta.
El jurisconsulto se declaró un defensor de los partidos en cuanto a la publicidad electoral y al financiamiento público.
“Pero así como he sido un defensor de los partidos para que haya igualdad de competición, de gobierno y oposición, también creo que hay que domesticar jurídicamente a los partidos y por eso en muchos casos que he llevado profesionalmente he asumido la defensa de muchos candidatos-precandidatos que han perdido comicios internos por todas las trabas que ha significado este proceso de domesticación jurídica que comenzó con la Ley Electoral, la Ley de Partidos, la creación del Tribunal Superior Electoral”, agrega.
Sostiene que la Ley 137-11 autoriza al TC a dictar sentencias que declaren la nulidad de un precepto que se considere inconstitucional y una interpretación de la ley o señalar que una ley es constitucional siempre y cuando se interprete del modo que señala la Constitución.
“Pienso que lo que el Tribunal Constitucional ha dicho es muy claro: para que un candidato sea independiente, tiene que ser independiente, es decir, no puede exigirle la ley que esté adscrito a un partido”, agrega.
Considera que desde el 2010, el Constitucional es un legislador positivo y piensa que en el ánimo de la mayoría de los jueces estuvo el hecho de que otras sentencias exhortativas que en los últimos doce años ha dictado la Alta Corte no han sido cumplidas.
“Ahora bien, eso no significa que el Congreso no pueda dictar una ley que responsa a esos parámetros, a esos estándares constitucionales que el tribunal ha dictado, de tal modo que pueda haber una candidatura independiente, pero que en modo alguno socave la estabilidad del sistema partidario, que para mí es la base de la democracia constitucional dominicana”, subrayó.
El jurisconsulto afirma que el Tribunal Constitucional ha dictado a finales del 2024 un conjunto de sentencias paradigmáticas, de principios y que vienen a fortalecer los diferentes elementos de la democracia constitucional.
Cita el caso de la sentencia que dispone las candidaturas independientes, la que anula la Ley 1-24 sobre el DNI y la inconstitucionalidad del Código Procesal Penal, decisiones que asegura apuntan hacia la consolidación del TC.
Jorge Prats indica que pintan hacia un Constitucional que está, en gran medida, por encima de los partidos y las posiciones políticas, a pesar de que su origen es político, porque la designación recae sobre el Consejo Nacional de la Magistratura y la primacía que ejerce el presidente Luis Abinader, como cabeza del organismo.
Afirma que la prisión preventiva se está imponiendo de manera automática
El experto en Derecho Constitucional, doctor Eduardo Jorge Prats, advirtió que la prisión preventiva se está imponiendo de manera automática en los tribunales del país.
El jurista considera que la prisión automática que se aprobó en México existe ya en República Dominicana, en violación a la Constitución.
“Y los jueces dicen que sin presos no hay procesos y además no están en capacidad de poder resistir la presión mediática porque hay una alianza diabólica: prensa, justicia, Ministerio Público, acusación que va en contra del acusado”, significó.
En este punto, enfatizó que contra esa “alianza diabólica” nadie puede porque en el proceso penal el acusado tiene en contra al juez, al fiscal, la prensa, la víctima y el actor civil.
Insiste en que la prisión preventiva es automática y si a un juez se le ocurre dictar otra medida lo califican como corrupto.
“Y eso no es justicia porque la prisión preventiva solamente puede establecerse cuando hay peligro de fuga o peligro para la prueba”, añade.
Jorge Prats cree que la justicia penal va en contra de los pobres, negros y los feos, donde los jueces no ven otro camino que la imposición de la prisión preventiva.
“Uno de los grandes problemas es que aquí las medidas de coerción se imponen automáticamente y de todo el menú…, lo único que se impone es prisión preventiva, las demás medidas (fianza, grillete electrónico, arresto domiciliario) nada de eso se impone, lo que se impone es prisión automática”, añade.
El experto consideró que la inconstitucionalidad de la Ley 10-15 es una gran oportunidad para introducir las modificaciones que se requieren en el Código Procesal Penal.
“A mi modo de ver, la Ley del 2015 fue un retroceso del espíritu garantista del Código Procesal Penal y no estoy tan seguro de que en estos tiempos de populismo penal, de autoritarismo penal, la ley procesal penal que se apruebe sea más garantista que la que se aprobó en 2015”, subraya.
Jorge Prats recomienda darle seis meses de pasantía a los jueces en la cárcel de La Victoria, “para que sepan a dónde ellos están mandando a los seres humanos dominicanos, cada vez que condenan”, dijo.
