Santo Domingo.- El ex fiscal del Distrito Nacional, doctor José Manuel Hernández Peguero, calificó como una “triste realidad del diario vivir” la violencia contra las mujeres en República Dominicana, que mantiene al país sumido en un drama social por los feminicidios, dejando cientos de huérfanos y numerosas víctimas de violencia psicológica con secuelas de por vida.
Planteó que fiscales, jueces y policías deben garantizar la eficacia de las órdenes de protección, asegurando que los agresores sean separados de la cotidianidad de sus víctimas.
Su planteamiento se produjo al comentar la investigación publicada por Aplatanao News, medio dirigido por el periodista Fernando Quiroz, en la que se documenta que en las últimas dos décadas el país ha registrado 1,802 feminicidios, lo que equivale a un promedio de ocho al mes. El estudio identifica además que el hogar es el lugar más peligroso para las mujeres víctimas, que existen días particularmente letales, como sábado y domingo, y que los feminicidios han dejado tras de sí un saldo de huérfanos de la violencia.
El reportaje también advierte sobre el impacto de la violencia vicaria, cuando los agresores dañan a los hijos para hacer sufrir a la madre, y la falta de estadísticas unificadas entre instituciones como la Policía Nacional, la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), la Procuraduría–INACIF y el Ministerio de la Mujer, lo que impide dimensionar el problema con rigor.
Ante este panorama, Hernández Peguero insistió en que se deben identificar y establecer políticas públicas que garanticen la vida y el respeto de las mujeres. Subrayó que la reforma conductual del agresor es determinante para cambiar las estadísticas, recordando la experiencia positiva del Centro de Intervención Conductual instalado en 2008, el cual a su juicio debe ser replicado en las provincias con mayores índices de violencia.
El abogado destacó que todo debe iniciar con la aprobación del proyecto de ley que, en distintas gestiones, todos los presidentes de la República han sometido al Congreso, con el fin de regular la prevención, atención, persecución y sanción de los infractores, asignando además tareas específicas a instituciones del Estado y a la sociedad civil.
