Santo Domingo. El Estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre Integridad en República Dominicana reconoce los avances del país en la construcción de su marco legal e institucional de integridad y plantea oportunidades para continuar fortaleciendo su implementación.
El texto ofrece un diagnóstico del sistema dominicano de integridad pública y formula recomendaciones orientadas a acercar sus instituciones y prácticas a los estándares de la OCDE.
Estos hallazgos se complementan con los resultados de Perspectivas de Anticorrupción e Integridad 2026, publicación de la OCDE que incorpora los Indicadores de Integridad Pública, que sitúan al Poder Judicial, en la dimensión de integridad judicial, en 59 % de cumplimiento del marco normativo y 40 % de implementación práctica, frente a promedios de la OCDE de 66 % y 45 %, respectivamente.
Los resultados muestran una cercanía relativa con los referentes de la OCDE y, al mismo tiempo, identifican oportunidades concretas para continuar fortaleciendo la aplicación efectiva de los estándares de integridad en el sistema de justicia.
De acuerdo con el diagnóstico de la OCDE, el Poder Judicial dominicano cuenta con un marco institucional relevante en materia de integridad judicial, al resaltar la existencia de las garantías constitucionales de independencia judicial, que establecen a los jueces como independientes, imparciales e inamovibles, sustentadas además en la Ley núm. 28-11 del Poder Judicial y la Ley núm. 327-98 de Carrera Judicial. A esto se suma un régimen disciplinario estructurado, con causales objetivas de destitución y una escala de sanciones que reduce la arbitrariedad.
Asimismo, el sistema incorpora elementos de profesionalización, como el ingreso a la carrera judicial mediante concursos organizados por la Escuela Nacional de la Judicatura, alineado con estándares de mérito en la etapa inicial.
El estudio también examina los instrumentos de integridad aplicables al Poder Judicial. En el plano ético, existe un Código de Comportamiento aplicable a todos los actores del Poder Judicial, que orienta la conducta frente a riesgos de imparcialidad. Finalmente, se contempla la obligación de declaración de bienes para los jueces, como componentes del marco institucional orientado a prevenir riesgos de integridad y fortalecer la imparcialidad en el ejercicio de la función judicial.
A partir de los criterios identificados por la OCDE, las oportunidades de mejora para República Dominicana se concentran en fortalecer la dimensión operativa del sistema de justicia, particularmente mediante la institucionalización de procesos de ascenso plenamente basados en mérito; la ampliación de la transparencia en la publicación de vacantes judiciales y procedimientos de selección; fortalecimiento de la autonomía presupuestaria del Poder Judicial y el desarrollo de estándares más claros en materia disciplinaria.
En conjunto, estas acciones, de acuerdo al informe, permitirían cerrar la brecha entre norma e implementación y avanzar hacia un sistema de integridad más coherente, efectivo y alineado con los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
El informe subraya que la elaboración en curso de la Primera Estrategia Nacional de Integridad Pública y Lucha Contra la Corrupción ofrece una ventana de oportunidad clave para incorporar estas reformas de manera articulada y con metas medibles.
Sobre el Informe
El Estudio de la OCDE sobre Integridad en la República Dominicana 2026 fue elaborado por la Dirección de Gobernanza Pública de la OCDE, bajo la dirección de Elsa Pilichowski y con la orientación de la División de Anticorrupción, Integridad y Gobierno Abierto.
El documento constituye una evaluación específica del sistema de integridad pública de la República Dominicana y formula recomendaciones para fortalecer la coordinación institucional, la gestión de conflictos de intereses, los estándares de integridad, la transparencia y el acceso a la información, los sistemas de control y auditoría, la protección de denunciantes y la integridad en la toma de decisiones públicas.
El estudio utiliza, entre sus fuentes de evidencia, los Indicadores de Integridad Pública de la OCDE, que evalúan el cumplimiento de criterios relativos tanto a la regulación como a su implementación práctica y permiten comparar los resultados de la República Dominicana con los de países miembros y socios de la OCDE.
Los datos utilizados corresponden a 2025 o al último año disponible y, para distintas dimensiones, fueron extraídos de la base de Indicadores de Integridad Pública de la OCDE en marzo de 2026.
Pare ver el informe acceda al siguiente enlace: Perspectivas de anticorrupción e integridad 2026
