Santo Domingo, R D. El presidente fundador del Frente Cívico y Social, Dr. Isaías Ramos, afirmó que el país necesita una auditoría nacional e independiente del contrato Pueblo Viejo, operado por Barrick Gold, para determinar con precisión cuánto ha recibido realmente el Estado dominicano, cuánto se ha deducido, cuánto se ha recuperado como inversión y qué pasivos ambientales podrían quedar para el pueblo.
Ramos explicó que la llamada Participación sobre Utilidades Netas —PUN— no equivale al 28.75% de cada onza de oro exportada, sino al 28.75% de un flujo neto, luego de costos, deducciones, amortizaciones y fórmulas contractuales.
“El pueblo debe entenderlo claramente: si el Estado exigiera su participación en oro físico, no recibiría 28.75 onzas de cada 100 exportadas. Con datos públicos agregados, en 2021 esa participación bruta equivalente pudo rondar 11 onzas por cada 100, y en 2022 cayó a cerca de 2. Esa diferencia exige una explicación técnica y una auditoría independiente”, sostuvo.
El dirigente cívico señaló que la fuerte caída del PUN entre 2021 y 2022 demuestra que no se trata de una participación clara, fija y directa sobre el valor bruto del oro, sino de una fórmula que puede reducir drásticamente lo que recibe la Nación.
“No basta decir que hubo inversión, empleos o pagos fiscales. La pregunta constitucional es otra: ¿cuánto recibió realmente el pueblo dueño del recurso, qué costos fueron aceptados, qué deducciones se aplicaron, cuánta agua se usó, qué desechos mineros quedan y qué garantías existen para cierre, post-cierre y remediación?”, expresó.
Ramos recordó que, conforme al artículo 14 de la Constitución, los recursos mineros no renovables son patrimonio de la Nación, no propiedad privada de una empresa. Asimismo, indicó que el artículo 67 obliga a conservar el equilibrio ecológico, prevenir daños, restaurar el ambiente y responder por pasivos ambientales.
“Una concesión permite aprovechar temporalmente un recurso bajo condiciones estrictas; no privatiza el patrimonio de la Nación. Ningún contrato puede convertir el oro en derecho privado y el agua en problema público”, afirmó.
El Frente Cívico y Social exigió una auditoría financiera, fiscal, hídrica, ambiental y constitucional, coordinada por el Estado, con firmas internacionales, universidades, laboratorios especializados y participación técnica nacional.
“Sin auditoría independiente, no hay transparencia real. Primero la Constitución, primero el agua, primero la soberanía, primero el pueblo”, concluyó Ramos.
