Santo Domingo RD. Ciudadanos argentinos denunciaron el presunto uso de documentación irregular en un proceso judicial que habría derivado en el embargo de sus cuentas bancarias, situación que según explicó Manuel Grisanty les ha generado dificultades para cumplir con compromisos familiares, comerciales y económicos.
Grisanty sostuvo que en el proceso de cobro se utilizó una compulsa notarial que hacía constar la existencia de un pagaré supuestamente registrado ante un ayuntamiento de la provincia La Altagracia.
Según explicó, posteriormente se solicitó una certificación oficial a la institución y esta habría establecido que el referido registro no aparece en sus archivos.
El denunciante también cuestionó la autenticidad y las circunstancias en que habría sido instrumentado el acto notarial utilizado para sustentar el proceso de cobro.
De acuerdo con la denuncia, aunque se habría alegado que el documento tenía como propósito ejercer presión sobre los afectados la actuación produjo consecuencias concretas con el embargo de sus cuentas bancarias.
Grisanty señaló que la medida ha dificultado el pago de alquileres, gastos escolares, compromisos familiares y obligaciones comerciales, mientras los afectados cuantifican los daños económicos ocasionados.
Ante la situación, indicó que depositará certificaciones oficiales, documentos y otras evidencias ante el Ministerio Público y las autoridades correspondientes, a fin de que se determine si hubo falsificación, uso de documentos irregulares o cualquier otra actuación contraria a la ley.
En su denuncia Grisanty señaló que en el proceso estaría involucrado un abogado de la provincia, a quien vincula además con actividades políticas y el ejercicio de una función pública.
El denunciante planteó que las autoridades deberán establecer si el pagaré utilizado como sustento del proceso existe, dónde se encuentra su original y si realmente fue registrado ante la institución señalada.
Asimismo, pidió que se determinen las circunstancias en que fueron obtenidos los embargos y las posibles responsabilidades derivadas de las actuaciones denunciadas.
Grisanty sostuvo que el caso trasciende una disputa entre particulares, debido a que el embargo habría afectado directamente las cuentas bancarias de los ciudadanos y provocado pérdidas económicas.
El caso será presentado ante las autoridades competentes que tendrán a su cargo determinar la existencia o no de irregularidades y establecer las responsabilidades correspondientes, conforme al debido proceso.
