SANTO DOMINGO, R D. La defensa de Gonzalo Castillo solicitó al Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional la nulidad absoluta del proceso seguido en su contra, tras asegurar que el Ministerio Público incurrió en fraude procesal y que la acusación fue depositada fuera del plazo límite del 30 de abril de 2024, fijado mediante intimación expresa del Segundo Juzgado de la Instrucción a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
Los abogados Laura Acosta, Luis Rivas y Nassef Perdomo afirmaron que las pruebas documentales demuestran que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) no cumplió con la orden judicial y que la afirmación de haber depositado la acusación el 25 de abril de 2024 es insostenible, contradictoria y refutada por las propias certificaciones del sistema judicial.
Según explicaron el primer día de la presentación de su defensa en la etapa preliminar -celebrada en el Cuarto Juzgado de la Instrucción- la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción certificó haber recibido la acusación el 25 de abril y remitido el expediente al Cuarto Juzgado el 30 del mismo mes.
Sin embargo, el Cuarto Juzgado de la Instrucción certificó que no recibió la acusación ni las pruebas en esa fecha, ni durante esa semana, y que el expediente le fue entregado directamente por el Ministerio Público el 14 de mayo de 2025, mientras que el auto de apoderamiento —que debía acompañar la acusación—fue recibido el 6 de mayo y no el 30 de abril.
Para la defensa, esta contradicción entre dos certificaciones con fe pública genera un vacío de dos semanas en la cadena de custodia, un lapso en el que “nadie sabe dónde estaba el expediente”. Eso -afirman- hace imposible sostener que la acusación fue presentada dentro del plazo judicial y confirma que la PEPCA incumplió la intimación del tribunal.
Acosta, Rivas y Perdomo argumentaron, además, que el Ministerio Público no pudo haber confeccionado y depositado la acusación el 25 de abril, debido a la imposibilidad material de procesar documentos que fueron recibidos ese mismo día en horas de la tarde. Entre los documentos se encuentran las pruebas documentales 1623, 1624 y 1625, compuestas por historiales bancarios, certificaciones empresariales, decenas de anexos y varios años de registros financieros, recibidos por la PEPCA el 25 de abril. Una de ellas, la prueba 1623, que contiene cincuenta y dos anexos, y fue recibida a la 1:39 p. m. .
Pese a ello, el Ministerio Público asegura que la acusación fue depositada a las 4:25 p. m. de ese día.
“En menos de tres horas, el órgano acusador habría tenido que recibir, remitir, analizar, interpretar, redactar, incorporar, inventariar, imprimir, digitalizar y trasladar cientos de páginas al Palacio de Justicia. Eso no ocurrió. Es imposible que haya ocurrido”, afirmó la defensa, señalando que la versión del Ministerio Público “desafía los límites de la lógica y de la capacidad humana.”
El señalamiento más grave de la defensa de Castillo se centró en el peritaje financiero de 557 páginas utilizado por la PEPCA como eje de su acusación. Los documentos incorporados al expediente revelan que los peritos elaboraron el informe utilizando información que no había llegado aún al Ministerio Público al momento en que el informe fue remitido como finalizado.
Acosta, Rivas y Perdomo mostraron pruebas de que el peritaje fue entregado a la PEPCA a las 3:00 p. m. del 24 de abril de 2024, según el sello de recibido. Pero uno de sus anexos esenciales —el oficio CER-PLAFT-2024101440, acompañado de 177 páginas provenientes de la Superintendencia de Bancos— ingresó a la PEPCA siete minutos después, a las 3:07 p. m.
Es decir, los peritos lograron analizar y utilizar información que no estaba en manos del Ministerio Público al momento de entregar el informe, apuntaron los juristas, quienes aseguran que este desfase temporal demuestra que “el peritaje fue fabricado y que el Ministerio Público montó un andamiaje probatorio que no responde ni a la realidad ni a la cronología”. Lo describen como “un fraude procesal que contamina la acusación desde su origen” y que además demuestra que el Ministerio Público alteró las pruebas para perseguir a Gonzalo Castillo.
Con estos argumentos, los abogados solicitaron al tribunal declarar la nulidad absoluta de la acusación, al entender que el proceso “no puede sustentarse sobre una construcción que violó el plazo legal, la lógica y el debido proceso”.
