San Cristobal. En una activa asamblea celebrada por la Fundación Pro Desarrollo La Trinitaria, Inc. (FUNPRO-DET), de Haina, junto a organizaciones y personalidades de esa comunidad, Hato Damas, El Ramón-San Francisco y Nigua se decidió adelantar gestiones ante la justicia para que el Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillados (INAPA) y su director ejecutivo Wellington Arnaud den cuenta del uso de más de 3,800 millones de pesos destinados a resolver el problema del agua potable de esas comunidades, sin que se puedan ver los resultados de esa inversión.
En la presentación realizada por el presidente de FUNPRODET, César Félix, se explicó que los montos anunciados en las obras constituyen un fraude, montado sobre la base de la aprobación de nueve adendas al contrato de construcción de un pequeño acueducto de las comunidades El Ramón-San Francisco, del Distrito Municipal de Hato Damas, firmado en el año 2003, que nunca se realizó. Con la firma del contrato por valor de RD$23,162,900.14, se hicieron adendas veinte años después, para llevar el monto a RD$3,803,633,723.57, casi cuatro mil millones, para acueductos en Hato Damas, Villa Altagracia y Bajos de Haina, que no han resuelto el problema del agua en esas comunidades.
Se hizo un recuento de las gestiones realizadas ante el INAPA, el Tribunal Superior Administrativo y el Tribunal Constitucional, en reclamo de que esa institución explique el destino de la inversión de esa cuantiosa cantidad de fondos públicos, a lo cual se ha negado el organismo estatal.
Representantes de las organizaciones participantes en la asamblea consideraron una burla a sus comunidades, y un gran fraude, que se informe que se han destinado tan importantes fondos a resolver el problema del agua potable de sus comunidades y las mismas sigan sin recibir el servicio.
En el caso de Bajos de Haina, donde supuestamente se invirtieron 1,040 millones, se ha llamado a la obra un acueducto virtual, mientras que, en Hato Damas, con una inversión anunciada de 1,204 millones, los comunitarios han protestado por la falta de resultados, igual que en Villa Altagracia, donde la inversión de 600 millones no se puede comprobar.
La conclusión principal de la reunión fue entregar la información obtenida al equipo de abogados colaboradores del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), para evaluar la mejor manera de proceder ante la justicia.
Se constituyo un Comité Coordinador para esos fines, compuesto por siete representantes de las organizaciones participantes, incluyendo La Coordinadora de Juntas de Vecinos Santiago Castro; el Comité Organizador Pro Agua, de Hato Damas; la Fundación Los Desamparados, la Fundación Pro Desarrollo La Trinitaria; La Federación Dominicana de Lucha Contra las Drogas (Fedelucd); la Fundación de Servicios y Promoción del Dominicano en el Exterior (Funsede) y la Junta de Vecinos San Jerónimo.
