SANTO DOMINGO. EL presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE), Feliciano Lacen Custodio, llama al gobierno a ampliar la capacidad de atención y asumir la deuda con la población con la Ley sobre el Autismo, pues dicha falta de capacidad genera tensiones a las familias por el incumplimiento de la normativa.
“Hemos observado que muchos pacientes de estos están en desamparo, por lo que se requiere una ampliación de los Centros de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), dotados de profesionales y técnicos con las competencias requeridas que puedan coadyuvar a estas familias, que muchos han visto sus presupuestos mutilados por las diferentes razones que conlleva tener un familiar con un cuadro de esta magnitud”.
El pastor Feliciano Lacen Custodio, expresó su profunda preocupación por el incumplimiento del Gobierno en la aplicación de la Ley 34-23 de Atención, Inclusión y Protección para las Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), promulgada el 5 de junio de 2023.
Lacen Custodio denunció que la falta de implementación y capacidad de esta normativa ha dejado en total desamparo a cientos de familias dominicanas, en especial a madres solteras que enfrentan solas la dura realidad de criar a un hijo con TEA sin el apoyo del Estado. «Este es un drama humano que no podemos ignorar. Hay niños y adultos con TEA que siguen sin recibir la atención adecuada, sin acceso a programas de inclusión y sin el respaldo de políticas públicas efectivas y sobre todo, la Ley 87-01 sobre Salud», señaló.
Mostró preocupación por el desbordamiento de pacientes de los Centros de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), que enfrentan una demanda de más de 3,000 familias en lista de espera. Asimismo, dijo que el tiempo de espera para que un niño reciba atención puede extenderse hasta tres años.
El presidente de la entidad eclesiástica, alertó que el incumplimiento de la Ley 34-23 está generando una crisis emocional y económica en cientos de hogares dominicanos. “Conozco de madres que han caído en depresión, de padres que viven angustiados porque no cuentan con los recursos para brindar la atención que sus hijos necesitan. Esta es una realidad que el Gobierno debe darle su atención como una de las políticas prioritarias que tiene el Estado”, enfatizó.
