Por: Jesús Batista Suriel
La implementación de candidaturas independientes en la República Dominicana ha suscitado un intenso debate jurídico y político. Este fenómeno, considerado por algunos como una vía para diversificar la representación, plantea serias preocupaciones sobre su impacto negativo en la estructura del sistema de partidos y la calidad de nuestra democracia. Las experiencias en otros países de América Latina evidencian que este modelo puede resultar en un desastre político, facilitando la entrada de individuos de dudosa reputación, carentes de la responsabilidad y el compromiso social que los partidos tradicionales deben cumplir.
La adopción de candidaturas independientes en América Latina ha generado más problemas que soluciones. En Chile, aunque el artículo 18 de la Constitución y la Ley N° 20.337 regulan estas candidaturas, se critican la calidad del Congreso y la representación ciudadana. En Colombia, el artículo 108 del Código Electoral permite estas candidaturas, pero enfrenta dificultades en financiación y control político, cuestionando la legitimidad de los representantes.
La situación en Ecuador es similar, donde el artículo 37 de la Constitución permite candidaturas independientes, pero su implementación ha estado marcada por conflictos. En El Salvador, las reformas a los artículos 125 y 202 han incrementado la fragmentación política, dificultando la formación de gobiernos estables. Honduras también ha permitido estas candidaturas, pero ha llevado a la polarización política y a la participación de actores cuestionables.
En Panamá, la Ley N° 29 ha suscitado críticas por la falta de regulación en el financiamiento de candidaturas. En Paraguay, esto ha resultado en corrupción y la infiltración de intereses ajenos a la política. En Venezuela, la Ley Orgánica de Procesos Electorales ha tenido un impacto negativo en la calidad democrática. Finalmente, en México, la Ley Reglamentaria de Candidaturas ha evidenciado vulnerabilidad ante el clientelismo. Estas experiencias demuestran que las candidaturas independientes pueden debilitar el sistema democrático y erosionar la confianza pública.
En República Dominicana, el Tribunal Constitucional, mediante la Sentencia TC/0788/24, ha declarado inconstitucionales artículos de la Ley 20-23 que exigían que las candidaturas independientes se inscribieran a través de agrupaciones políticas con estructuras organizativas similares a las de los partidos. La eliminación de estas disposiciones ha abierto la puerta a la inclusión de actores ajenos a la política formal, quienes podrían operar sin el mismo nivel de escrutinio y responsabilidad que los partidos establecidos, lo que resulta sumamente preocupante.
La eliminación de los requisitos que exigían a las candidaturas independientes contar con un marco organizativo formal y un programa de gobierno claro puede facilitar la participación de individuos con intenciones poco claras. Sin un compromiso genuino con la democracia, estos candidatos pueden socavar la representación de los intereses ciudadanos y fomentar el clientelismo, lo que pone en riesgo la estabilidad del sistema político.
El modelo de asociaciones cívicas temporales propuesto para las candidaturas independientes plantea serias dudas sobre la sostenibilidad del compromiso democrático. Estas entidades se disolverían tras las elecciones, careciendo de la continuidad necesaria para fomentar una cultura política sólida. Los partidos políticos tradicionales, con su estructura y responsabilidad, son fundamentales para garantizar la rendición de cuentas y la articulación de programas a largo plazo, elementos esenciales para el desarrollo de una democracia efectiva.
Es crucial reconocer que el sistema de partidos en la República Dominicana se encuentra debilitado y necesita ser rescatado, ya que este constituye la columna vertebral sobre la cual descansa nuestra democracia. La falta de un sistema partidario fuerte y cohesionado ha contribuido a la crisis actual, y cualquier intento de introducir candidaturas independientes sin una regulación adecuada podría agravar aún más esta situación. El reciente fallo del Tribunal Constitucional de RD, garantizando las candidaturas independientes, es una mala respuesta. El sistema político necesita una cirugía mayor, a partir de una visión integral.
La experiencia de otros países en Latinoamérica demuestra que las candidaturas independientes pueden abrir la puerta a personajes de dudosa reputación que, por las facilidades que les brinda esta figura, no tienen la responsabilidad jurídica ni el compromiso social que los partidos políticos deben asumir. Por lo tanto, es crucial que la regulación de las candidaturas independientes sea meticulosa y que se establezcan salvaguardias para proteger la integridad del sistema democrático en la República Dominicana. La calidad de nuestra democracia depende de ello.
