Por JUAN LÓPEZ
La directora general de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch, reveló, la pasada semana, mediante entrevista en el programa “El Día”, lo siguiente:
“La DIGEIG ha sometido ante el Ministerio de la Administración Pública (MAP) un total de 276 casos de presunta corrupción, todos ocurridos durante la actual gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM)”.
La directora de la DIGEIG, también informó que “…había depositado 50 expedientes ante la Procuraduría General de la República, una acción que solo se ha producido durante los gobiernos del presidente Abinader.”
Por coherencias y honrar la lucha contra la corrupción e impunidad y la transparencia que, diariamente, predica el presidente Abinader y sus principales funcionarios, nos preguntamos:
¿Cuáles son las instituciones gubernamentales en las que se han cometido los actos de presuntas corrupción que denuncia la directora de la DIGEIG?
Con las excepciones de los escandalosos casos de la Lotería Nacional y de los “semáforos del INTRANT”, nadie sabe cuáles son las 50 y 276 instituciones en las que cometieron los “presuntos actos de corrupción del actual gobierno”. Y mucho menos a sus supuestos responsables.
Ahí, en esos expedientes, el gobierno actúa con opacidad o “protección del honor” de sus funcionarios. ¡Para ellos no aplica la transparencia!
También encontramos muy extraño que esa importante información apenas circuló durante un día en muy pocos medios de comunicación. Después, ¡casos cerrados!
Por igual, observamos con extrañeza que importantes y acuciosos comunicadores no se han interesado en indagar y dar a conocer las instituciones que la DIGEIG ha sometido a la Procuraduría y al MAP. ¿Qué pasó con la cacareada transparencia?
En bases a recurrentes informaciones, el presidente de ADOCCO (Alianza Dominicana Contra la Corrupción) solicitó a la nueva Cámara de Cuentas (CCRD) la realización de 10 auditorías forenses a diferentes instituciones estatales, en las que se han cometidos supuestas irregularidades que deben ser puestas en evidencia, .
En esta denuncia, ADOCCO honra la transparencia y actúa con responsabilidad, identificando las instituciones estatales en las que, durante este gobierno, se han cometido “presuntos actos de corrupción”. Estas son las diez:
“Ministerios de Educación, de Cultura, de Agricultura, la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana, Banco Agrícola de la República, el Fideicomiso Público Privado para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, la Dirección de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio y el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña.”
Ahora la población espera la responsable y transparente acción del MAP, la PGR y la nueva CCRD, que tienen “el pandero en las manos”. Deben proceder de acuerdo a las leyes y respetando el debido proceso para esclarecer esos supuestos actos de corrupción (50 + 276 +10 = 336 casos). Les toca actuar con responsabilidad para honrar la transparencia y la lucha contra la corrupción y la impunidad que pregona el gobierno del PRM-Abinader.
La “justicia independiente” está en el deber de actuar, procediendo a dilucidar esos 336 presuntos actos de corrupción. ¡Así se actuará con transparencia, equidad y justicia! Seguimos atentos.
