La defensa técnica de los imputados del caso Camaleón, Hugo Beras, José Angel Gómez Canaán (Jochi) y Pedro Vinicio Padovani Báez, a quienes ayer la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional varió la prisión preventiva por garantía económica e impedimento de salida sin autorización previa, realizaba esta mañana los trámites para que sus defendidos estén en sus casas lo más rápido posible.
En horas de la mañana el tribunal realizaba la corrección a la resolución que sería notificada a las partes del proceso, con los que las autoridades penitenciarias los despacharían a su casas, custodiados por agentes.
Los abogados de los dos primeros imputados, Carlos Balcácer y Luis Rivas, dijeron a El Nacional que están haciendo todas las diligencias necesarias para que la decisión se ejecute lo más rápido posible.
Culpan tres jueces
El penalista Carlos Balcácer culpó a los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional de la prisión preventiva que impuso como medida de coerción a Jochi Gómez y a los otros dos encartados.
“A Jochi lo agarraron preso por la presencia de los tres jueces del Cuarto Tribunal cuando se le conocía la medida de coerción, porque la jueza se dejó coaccionar con la instancia del Ministerio Público que no tenía fortaleza jurídica para apresarlos”, precisó Balcácer.
Decisión de la Corte
Los jueces de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional Isis Muñiz, Delio Germán y Luis Omar Jiménez Rosa variaron anoche la prisión preventiva a los tres imputados del caso Camaleón, quienes cumplían prisión preventiva por alegadas irregularidades cometidas en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), por desfalco, estafa y sabotaje al sistema de semáforos del Gran Santo Domingo.
El tribunal de alzada estableció que los imputados Hugo Beras, exdirector del Intrant, José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de las empresas Aurix S.A.S. y Transcore Latam, así como el encartado Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del de la primera institución citada no representan peligro de fuga y tienen arraigos suficientes para garantizar su presencia en el proceso.
A Beras-Goico y Padovani Báez se les varió la medida de coerción por una a garantía económica de RD$ 5 millones por contrato, presentación periódica e impedimento de salida sin previa autorización judicial.
A Gómez se le impuso una garantía económica de RD$ 2 millones en efectivos y presentación periódicas e impedimento de salida sin autorización previa.
