Por JUAN LÓPEZ
El presidente Abinader, contrariado por el intenso proselitismo de los funcionarios-presidenciables que están descuidando sus responsabilidades gubernamentales, emitió un sorpresivo ultimatun para tratar de detener la extemporánea precampaña de 12 presidenciables del PRM, a quienes el mismo presidente, henchido de emoción por su triunfo electoral, en junio de 2024, les estimuló a buscar la candidatura del PRM porque “él colocaría un candado contra la reelección para no ser candidato”.
Al comprobar las consecuencias negativas de ese error político y los costosos proselitismos (con recursos del Estado) y porque la Junta Central Electoral (JCE) ha evidenciado una indiferencia complaciente ante las múltiples actividades de campaña que están realizando los presidenciables del PRM, el preocupado presidente Abinader publicó un ultimátum con esta disposición:
“…les digo a todos los precandidatos y a sus coordinadores: no están permitidos los actos proselitistas a funcionarios. Si quieren hacer campaña, deberán dejar sus cargos.”
¡El ultimatun llegó muy tarde! Los 12 funcionarios-presidenciables ya han realizado múltiples actividades típicas de campañas electorales “en cantidades industriales”: Saturación de los medios de comunicación y redes sociales con sus slogans, fotografías y reseñas de sus proselitismos, manipulación electoral con publicación de supuestas encuestas que “les son favorables”, spots y videos promocionando candidaturas de los funcionarios-presidenciables por whatsapp, instegram, tik tok y Facebook.
También realizando asambleas multitudinarias, inclusive al aire libre y en horarios laborables, en las que la mayoría de los participantes son empleados de sus respectivas instituciones gubernamentales.
Para el PLD que había anunciado la intención de realizar una “consulta nacional” en el 2026, la JCE, mediante un “contundente” comunicado, el pasado 21 de febrero, le advirtió lo siguiente:
La JCE “…estaría aplicando las sanciones legales contra los ciudadanos que sigan promocionando sus aspiraciones políticas a destiempo y fuera de los plazos que ya establecen las leyes.”
La JCE, amparada en el Art. 78 de la Ley 33-18, “amenazó (a los peledeistas) con despojarlos de sus candidaturas a quienes continúen exhibiendo sus aspiraciones a través de consultas previas, anuncios públicos o cualquier otra modalidad de publicidad.”
