La reapertura de las operaciones aéreas entre la República Dominicana y Venezuela representa una oportunidad para restablecer la conectividad humana, turística y comercial entre ambos países. Sin embargo, este paso debe ir acompañado de una reflexión responsable sobre las reglas que rigen dicha relación aérea y su adecuación al contexto actual.

Las relaciones aéreas bilaterales se sustentan en un Convenio de Transporte Aéreo promulgado en 1969, complementado por actas de consulta posteriores, particularmente la de 2000. Aunque estos instrumentos siguen formalmente vigentes, responden a una realidad política, económica y aeronáutica muy distinta a la actual. Hoy, más de cinco décadas después, el marco bilateral resulta obsoleto y carece de herramientas eficaces para garantizar un equilibrio real entre las partes.

La República Dominicana ha mantenido una política aérea liberalizada, autorizando a las aerolíneas, tanto nacionales como extranjeras que cumplen con los estándares técnicos y de seguridad exigidos por la autoridad aeronáutica, sin discriminación. No obstante, la experiencia pasada demuestra que las aerolíneas dominicanas enfrentaron en Venezuela retrasos y limitaciones administrativas aun cumpliendo plenamente con dichos estándares, generando una asimetría práctica incompatible con el principio de reciprocidad.

A este escenario se suma una diferencia importante en el tipo de aviones utilizados. Las

aerolíneas venezolanas operan con aviones más grandes, con capacidad promedio de 140 a 165 pasajeros por vuelo, lo que les permite ofrecer más asientos. En cambio, las aerolíneas dominicanas operan con una flota más reducida y, en parte, con aviones más pequeños, especialmente en el caso de los Embraer 190, que transportan alrededor de 97 pasajeros por vuelo.

Si bien una mayor oferta puede beneficiar al pasajero, cuando se combina con procesos de autorización no equilibrados y un contexto político sensible, puede afectar el equilibrio económico del intercambio aéreo y la sostenibilidad de los operadores dominicanos.

El escenario regional también ha cambiado. La influencia de Estados Unidos y la reconfiguración geopolítica han reducido la dependencia de Venezuela del Caribe como única vía de conectividad. En este nuevo contexto, la República Dominicana debe reorganizar su relación aérea y migratoria, preservando la apertura, pero asegurando condiciones justas y previsibles que mantengan al país como un destino atractivo y confiable para el pasajero y turista venezolano.

La conectividad aérea no puede evaluarse únicamente en términos de reapertura de rutas. Debe contemplar también la experiencia del pasajero, los procesos migratorios, la transparencia regulatoria y la estabilidad institucional, elementos esenciales para el turismo y la imagen país.

Por ello, la reapertura de los vuelos entre República Dominicana y Venezuela debe acompañarse de una revisión y modernización del marco bilateral, criterios objetivos y plazos claros en los procesos de autorización, monitoreo del equilibrio en la oferta de asientos, y una reciprocidad efectiva en la práctica, no solo en papeles.

Reabrir los cielos es un paso importante. Hacerlo con reglas modernas, equilibrio real y visión estratégica es lo que permitirá que esta reapertura sea sostenible, justa y beneficiosa para ambos países y para quienes viajan entre ellos.

Sobre  la  Autora: La Autora  es experto  en derecho  aéreo y trafico  aeroportuario