El abogado Valentín Medrano lamentó que el gobierno engañe a la sociedad diciendo que invertirá dos mil millones de pesos en obras deportivas a nivel nacional, con los recursos que provienen de los fondos recuperados de casos de corrupción sometidos y condenados.
Medrano explicó que la Ley 60-23, que regula la administración de los bienes secuestrados, incautados y abandonados en procesos penales y en los juicios de extinción de dominio, establece de forma precisa en qué se pueden invertir esos recursos y no contempla la posibilidad de destinarlos a la construcción de polideportivos.
“La ley te dice en qué puede ser utilizado de forma específica, y no es verdad que la ley establezca, que pueden ser invertidos en polideportivos, no. La ley es específica en el tipo de inversión que ha de hacerse con respecto a los recursos resultantes de la persecución de los actos de transgresión a las disposiciones punibles”, aseguró.
Medrano realizó estas afirmaciones durante una entrevista en el programa “El Nuevo Diario AM”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV.
“El presidente de la República y el ministro de Deportes dijeron que el dinero de Maxi Montilla que se recuperó va a servir, dos mil millones de pesos de esos, para construir edificaciones deportivas. Y saben una cosa, cuando uno desde el derecho escucha expresiones como estas, uno dice: no puede ser que nos tomen el pelo de la forma en que lo hacen, que intenten burlarse del poco de inteligencia y de las neuronas que nos quedan”, expresó.
Sostuvo que los fondos obtenidos tras procesos judiciales por delitos graves, como el lavado de activos o el narcotráfico, están sujetos a disposiciones legales específicas sobre su distribución.
“En el caso de que existiera la retención de recursos económicos, dependiendo del tipo penal que finalmente resulte, como aceptado por quien pacta y concedido por el pactante —en este caso el Estado a través del Ministerio Público—, hay una serie de legislaciones que establecen cómo se procede con respecto a esos recursos”, insistió.
El jurista argumentó que la intención del Gobierno, detrás de anuncios como este, es mantener la retórica de que existen resultados óptimos y positivos en la lucha contra la corrupción, la cual fue el andamiaje sobre el que cimentó su campaña para la reelección.
