Con el objetivo de socializar sobre las novedades que traerá la actualización del Reglamento de aplicación de la Ley 339-22 sobre de Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial, este Poder del Estado, la Escuela Nacional de la Judicatura y la Universidad Católica Santo Domingo realizaron un Diálogo sobre el proceso de consulta al proyecto.
En el Diálogo sobre Consulta al Reglamento de Aplicación de ley núm. 339-22 participaron el juez Justiniano Montero Montero, miembro de la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y uno de los propulsores de la citada normativa, y los magistrados (as) Fátima Veloz Suárez, jueza del Décimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional; Katherine Rubio, jueza de la Primera Sala del Juzgado de Paz Especial de Tránsito de esa jurisdicción; y Octavio Mata Upia, juez de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de La Altagracia.
El magistrado Montero Montero destacó los nueve puntos que trae el proyecto de Modificación al Reglamento núm. 748-22, haciendo énfasis en los aspectos novedosos, entre los que figuran: mapa del caso, enumeración automatizada y digital de las decisiones y la certificación digital de estatus de expediente y no recurso.
Los puntos restantes son: tramitación del expediente, flujo y circulación entre jurisdicciones; pago de tasas en línea y registro civil automatizado de las decisiones judiciales; decisión certificada; audiencias virtuales (modifica ese aspecto), protocolo digital de decisiones y auto digital de corrección por error material.
Montero Montero dijo que la nueva propuesta de Reglamento busca que el acceso a las decisiones jurisdiccionales sea más fácil y que se corresponda con el espíritu, certeza y lógica de la ley. Asimismo, solucionar las dificultades que se presentan con en el día a día, y puso como ejemplo, el pago de impuesto y el registro de las sentencias.
“Porque si tú tienes una ley que habla de una lógica de servicio expedito, de una lógica bajo regla de trazabilidad y estandarización, no se puede hacer otra lógica que se corresponda con un ejercicio de servicio análogo”, enfatizó el magistrado Montero.
De su lado, la magistrada Fátima Veloz Suárez destacó la validez jurídica y la seguridad plena que tiene la firma digital con lo cual se elimina la necesidad de emitir certificación de la firma, responsabilidad que en la actualidad recae en la secretaria del tribunal.
Mientras que el magistrado Octavio Mata Upia, explicó la importancia del mapa de casos y el punto sobre tramitación y flujo de expediente, en cuya modalidad digital el mismo se remite a la alzada (el tribunal inmediatamente superior al que emitió una sentencia) solo pulsando algunos botones, todo en base a los principios de confianza y legitimidad.
Asimismo, la magistrada Katherine Rubio explicó el punto relacionado a pago de tasas por servicios que en el proyecto de reglamento lleva “todo ese mundo análogo a la fase digital”.
Las palabras de bienvenida a la actividad fueron pronunciadas por el magistrado Amauri Martínez, juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Católica de Santo Domingo, quien destacó que la misma aporta una importancia cardinal y da innovación al proceso de consulta del Reglamento de aplicación de la ley 339-22.
En la actividad estuvieron presentes el director general de Administración y Carrera Judicial, ingeniero Jhonattan Toribio Frías, el director de la Escuela Nacional de la Judicatura, Ángel Brito, la subdirectora Ellys Coronado y el magistrado Amauri Martínez, juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Católica de Santo Domingo.
