Santo Domingo, RD. _ La Dirección General de Aduanas presentó ayer los resultados de las acciones realizadas ante la problemática del comercio ilícito y la competencia desleal, especialmente, vinculados con el comercio asiático en República Dominicana.
Estos datos fueron dados a conocer en la reunión de la Mesa Contra la Competencia Desleal y Comercio Ilícito presidida por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz y el director de Aduanas, Yayo Sanz Lovatón, e integrada por el general Luis Rafael Lee Ballester, director de Migración; Victor Benavides, director ejecutivo de Pro Competencia; Peter Prazmowski, director del Consejo Nacional de Competitividad, Eddy Arango, subdirector de Fiscalización de la Dirección General de Impuestos Internos y el Ministerio de Industria y Comercio.
Durante el encuentro, también, estuvieron presentes representantes del sector privado a través de la Organización de empresas Comerciales (ONEC) y su presidente, Ernesto Martinez, así como Antonio Papaterra, principal autoridad de Asociación Dominicana de Importadores Ferreteros, entre otros.
Rainiero Olivo Bordas, representante de la DGA, explicó que en los últimos 5 años se han realizado unas 196 fiscalizaciones posterior al despacho, casi triplicando lo realizado en otras administraciones.
Además, indicó que desde el 2023 a la fecha han sido identificados más de 16,000 contenedores (antes de ser despachados) con alto riesgo de subvaluación, los cuales fueron revalorados (por duda razonable y descarte de método de valoración) dando como resultados impuestos adicionales.
Destacó que, a través de los procesos de fiscalización la DGA ha generado un impacto de más de RD$15,215 millones en impuestos y multas contra la competencia desleal de este sector.
Entre las acciones y medidas innovadoras que han sido implementadas están; la medición del riesgo valor durante los procesos de despacho, el uso de rayos X y bodycams, mesas de trabajo con otras aduanas internacionales sobre mejores prácticas de control con importadores asiáticos, fiscalizaciones conjuntas con DGII y la clausura de empresas involucradas en prácticas ilícitas.
