Por JUAN LÓPEZ
Amplios sectores del pueblo demandan del gobierno del PRM-Abinader las prudentes ejecutorias de una tríada de justas reivindicaciones:
1.- Retirar del Congreso Nacional el proyecto de ley de fusión del Ministerio de Educación (MINERD) con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT). 2.- Aplicar la ley que establece la indexación salarial. 3.- Suspender el anacrónico pago de anticipos porque afecta, sustancialmente, a las micros, pequeñas y medianas empresas (MIPyME).
La paz social, la estabilidad macroeconómica y el respeto a la seguridad jurídica son las válidas razones que aconsejan al gobierno satisfacer esa tríada de reivindicaciones, para lo cual es pertinente tomar en cuenta la máxima popular “errar es de humanos, rectificar es de sabios” que nos inducen a “ser justos, lo primero, si queréis ser felices” (J.P. Duarte).
Retirar proyecto de fusión MINERD—MESCyT:
En nuestra reflexión “Señor presidente, ¡retire ese proyecto de ley!”, publicada el 11 de enero de 2026, presentamos la amplia gama de importantes protagonistas del sistema educativo nacional que, con fundamentos y precisos datos, objetaron la forma, contenido y objetivos del improvisado proyecto de fusión MINERD–MESCyT.
También explicamos que: “Todavía no se han presentado estudios o diagnósticos técnicos que demuestren que la fusión MESCyT—MINERD repercutirá en mejoría de la calidad de la educación preuniversitaria. A simple vista se observa que sería todo lo contrario: se complicaría las gestiones administrativas, técnicas, docentes y fiscalización de la educación preuniversitaria.
“Los problemas que actualmente afectan a la educación superior (pública y privada) con dicha integración, tampoco se resolverán; al revés, se complicaría al integrar los problemas, objetivos, estructuras, poblaciones y fiscalización de la educación superior en el MINERD.”
La pasada semana, los ministros de MESCyT (Rafael Santos) y de Administración Pública (Sigmund Freund) anunciaron “que van a retirar dicho proyecto para, supuestamente, realizar un estudio más integral”. ¡Ojalá así sea!
Ejecutar la indexación salarial:
Ante la prepotencia con la que el gobierno del PRM-Abinader viola, flagrantemente, el Código Tributario; los diputados y senadores de la oposición (FP, PLD, PRD y PQDC) depositaron ante el Tribunal Constitucional (TC), un recurso de inconstitucionalidad para que el gobierno respete la legalidad y cumpla con la indexación salarial que, hasta los 50 mil pesos, corresponde a más de 730 mil empleados públicos y privados.
Dicha acción, depositada en el TC, es contra la arbitraria disposición que, abusando de su mayoría mecánica en el Congreso Nacional, el gobierno dispuso mantener congelado el monto salarial (hasta 34 mil pesos mensuales) en el presupuesto nacional del 2026, para empezar a pagar el Impuesto sobre la Renta.
Durante cinco años consecutivos, el gobierno del PRM-Abinader, sordo e indiferente ante los justos reclamos de los trabajadores, desconoce el Código Tributario porque no ejecuta la indexación salarial en correspondencia con la inflación anual, con lo cual reducen los ingresos y poder adquisitivo de los trabajadores, no obstante los reiterados y justos reclamos que se están realizando.
Estamos convencidos que, por ser justa y estar apegado a la legalidad, el TC acogerá favorablemente la correcta y oportuna impugnación a la partida presupuestal sustraída, vulgarmente, a la indexación salarial de los trabajadores; con lo cual quedarán destruidos los falsos argumentos que utilizan los funcionarios de este gobierno.
Contra el cobro del anacrónico anticipo:
Interpretando correctamente el reiterado clamor de las empresas MIPyME, que son el 85 % en el país; el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, introdujo, por cuarta ocasión, un proyecto de ley para anular ese ilegal y anacrónico pago de anticipos.
El anticipo es un pago obligatorio y por adelantado al Impuesto sobre la Renta que se debe efectuar en base a las proyecciones de las ganancias que tendrá una empresa, tomando como referencia las ganancias del año anterior, sin valorar otras variables y contingencias económicas.
El cobro de anticipos, además de ilegal y arbitrario, descapitaliza permanentemente a las empresas, colocándolas en riesgo constante de quiebras e induce al incremento del sector informal de la economía, razón por la que más del 55 % de los empleos en nuestro país son informales, ¡lamentablemente!
Tan alarmante es esta situación que, el director general de Promipyme, Fabricio Gómez Mazara, afirmó que “el pago de anticipos es una de las principales preocupaciones de los microempresarios debido a que reduce la liquidez de los pequeños negocios y se ha convertido en una de las principales barreras para que los pequeños emprendedores entren a la formalidad.”
Por lo tanto, exhortamos al gobierno del PRM-Abinader para que, sin dilación ni falsos pretextos, proceda contra esta tríada de situaciones retirando el proyecto de fusión del MINERD-MESCyT, implementando la indexación salarial y, definitivamente, descontinúe la mala práctica de cobro de anticipos. ¡Si así lo hiciere, el pueblo lo agradecerá; de lo contrario le pasará facturas!
