Por: Valentín Medrano Peña.
En días pasados fuimos testigos de un acto inusual, de una acción casi patriótica, que para muchos incautos es un acto a favor de un delincuente, pero que a los formados en derecho, sobre todo a aquellos que no son ni han sido jamás asalariados del gobierno, les pareció un hito histórico y esperanzador de fortalecimiento judicial.
Ocurrió que un juez de ejecución de la pena de Bani, Provincia Peravia, decidió ejecutar una orden que había reiterado ya al Ministerio Público, incluida su procuradora general, de liberación de un preso con condena firme al que había otorgado por orden judicial el medio libre en el apartado de permiso laboral. El Ministerio Público “independiente” y ahora desacatador, dueño y señor de las vidas dominicanas, decidió desacatar varias reiteraciones de órdenes de dicho juez y violar la Constitución dominicana, las leyes procesales y su propia ley interna que le manda a acatar las decisiones jurisdiccionales.
Vale recordar que la primera directriz general ordenada por la ex procuradora general doña Miriam Germán Brito, hoy empleada del gobierno en Refidomsa, fue que ningún fiscal del país podría desacatar las decisiones de los jueces, y que, para contrariar las mismas el ordenamiento procesal dominicano establecía los recursos procedentes. Doña Miriam ya es historia, y una nueva historia parece retomar el odioso estadio de los desacatos a las decisiones jurisdiccionales.
Ah, perdón, este artículo no es una apología al juez José Manuel Arias, de ejecución de la pena de Peravia, sino un intento de desenmascarar, un chin más, los odiosos comportamientos antidemocráticos e inconstitucionales de algunos héroes nacionales, por ello, debo abandonar momentáneamente a Baní y dejar mi mente viajar a las soleadas playas del Este, a la sultana del Este, San Pedro de Macorís, donde otra jueza de ejecución, debo decir que ambos jueces, abigarrados y con base a la ley 113-21, ordenó un medio libre en condición de permiso laboral para el reo condenado por complicidad intelectual en asesinato, Avelino Castro, quien ha cumplido ya tres cuartos de la pena impuesta de 20 años.
Lejos de cumplir lo así ordenado, el Ministerio Público dominicano de viejo cuño y nuevos nombres, no solo desacató dicha orden jurisdiccional devenida de juez competente, sino que prácticamente secuestró a dicho ciudadano, trasladándolo del centro penitenciario Anamuya en Higüey, donde observó durante su privación un buen comportamiento, y lo trasladó, sin orden de juez ni razones válidas a otro alejado recinto penitenciario.
La cantidad e permisos laborales o decisiones de jueces de ejecución de la pena desacatados por el Ministerio Público suman decenas al día de hoy, decenas de órdenes de jueces desoídas, incumplidas, ofendidas, desacatadas en violación a la ley por parte de quienes deben hacer cumplir las leyes.
De ahí que un juez que se respete, debe hacer ejecutar sus decisiones como ha dicho el Tribunal Constitucional que le corresponde, y si no es capaz de eso, que se busque un empleo de chofer o modisto o que ejerza la carrera que estudió en la universidad, pero que se retire de juez porque no es juez sino un pelele subordinado a un cheque y un cargo. La función de juez es una majestad, y requiere respeto y acatamiento a sus decisiones aún nos desagraden.
A sabiendas de su crimen, porque el desacato lo es, el Ministerio Público, hoy delincuente como cualquier delincuente, desacatador de decenas de decisiones, juez sobre los jueces, juez de jueces, ha iniciado una campaña en contra del juez de la ejecución de la pena de Peravia. Bastó que el apodado Chucky se dejara matar para que lo mataran de nuevo. Él no fue el victimario, fue la víctima, pero cual que fuera su condición sirve para los propósitos de asesinarlo moralmente y con ello tratar de baldonear al juez de Baní, y en él y con él a todos los jueces que no se ‘alinien’ con él decisionísmo procurado.
Alias el Chucky fue víctima de asesinos, por presuntos actos relacionados con el tráfico de drogas, han dicho las autoridades sin pruebas de lo mismo. Las mismas autoridades que dijeron que cuatro agentes de la DNCD murieron en intercambio de disparos que desmintieron sendos videos. Empero, esto sirve para intentar mancillar el buen nombre, bien ganado, de un juez íntegro e insobornable, y en él a sus pares.
Ante este ataque frontal y despiadado, ante este atropello, ante este infundio y transgresión, el Poder Judicial calla, sabe la verdad, la que los incautos no, que no hay tal independencia en sus vecinos de al lado, y que en verdad son parte del gobierno que se confunde con los poderes de selección de jueces de altas cortes, y ahhh sí sí sí, ya pronto hay Consejo Nacional Perremeista y procuramos permanecer. En tanto eso ocurre nos quedamos sin jueces y sin justicia.
Veremos uno a uno los procesos fallados por ejecutores de la pena exhibidos en medios periodísticos, tergiversados, focalizando unilateralmente los presuntos males, olvidando que recién adoptamos una legislación que procura la rehabilitación y reinserción de los penados, e inobservando el verdadero mal, el mal de males, el desacato a las decisiones jurisdiccionales por el solo hecho de que me da la gana.
Y por ello, y para ello, y sobre ello, por ello, repito y cito mil veces: “Estoy a favor de la verdad, la diga quien la diga. Estoy a favor de la justicia, a favor o en contra de quien sea”. (Malcome X).
