Por Marcos Martínez
Hoy el país entero grita ¡BASTA YA!. El caso SENASA–Operación Cobra, tal como ha sido descrito por el Ministerio Público, ha colmado la paciencia ciudadana: se habla de US$350 millones desaparecidos según la fiscalía, en lo que se señalan como posibles sobornos, contratos inventados y presuntos desvíos de fondos en programas sensibles como Adulto Mayor.
En la primera audiencia, el principal imputado lloró desconsolado. ¿Lágrimas ahora? Las lágrimas que realmente conmueven son las de miles de madres dominicanas que lloran cada día porque no hay arroz en la olla, porque los salarios —estancados desde hace décadas— no alcanzan y obligan a endeudarse para cerrar el mes.
Mientras el pueblo lucha por sobrevivir, la percepción ciudadana es que el dinero que produce con su sudor termina —según múltiples denuncias y procesos históricos— en lujos y privilegios que no reflejan el sacrificio del país. No solo se cuestiona a políticos señalados, sino también a empresarios que, según investigaciones oficiales, habrían influido irregularmente en el uso de fondos públicos, priorizando sus propios intereses por encima del bienestar nacional. ¿Dónde está la vergüenza cuando el pueblo siente que paga un festín ajeno con hambre diaria?
Y esta indignación se agrava cuando se observa el crecimiento económico que nunca llegó al hogar dominicano. Los datos del Banco Central no dejan lugar a dudas: en los últimos 30 años (1995–2025), los dominicanos generaron US$2.5 billones en riqueza. El PIB pasó de US$25 mil millones a US$126 mil millones. Ese crecimiento debió traducirse en bienestar para todas las mesas dominicanas, pero la mayoría no lo sintió. En lugar de mejoras sustanciales, la deuda pública escaló de US$3,800 millones a más de US$61 mil millones. Hoy pagamos US$565 millones anuales solo en intereses, lo que representa RD$34 mil pesos al mes por familia de cuatro personas, casi la mitad de la canasta básica. Los ciudadanos cargan con el peso de un desarrollo que sienten que nunca llegó a sus hogares.
Esta realidad nos obliga a reflexionar sobre el costo de estas prácticas en la vida del pueblo. Diversos informes y análisis estiman que el país ha perdido cada año entre US$500 y US$850 millones por prácticas irregulares, ineficiencias y decisiones cuestionadas a lo largo de décadas. En tres décadas, esto equivaldría a entre US$15 mil y US$25 mil millones que no se transformaron en calidad de vida para la población.
Con ese monto, el país pudo haber construido 7,500 escuelas modernas, 3,000 hospitales equipados, 13,000 km de carreteras nuevas, programas sociales estables y permanentes, y, sobre todo, aplicado la tan reclamada indexación salarial que la ley exige y que los trabajadores esperan desde hace años. No es solo un número económico: es la diferencia entre una familia con comida suficiente y una familia viviendo al límite.
Seria legítimo preguntarse qué país tendríamos si esos recursos hubieran llegado a donde debían. Un PIB “limpio” —sin pérdidas atribuidas a irregularidades históricas— sería hoy de US$150 mil millones, unos US$24 mil millones más. La República Dominicana podría ser una nación con pobreza cercana al 10%, con salarios promedios de US$12 mil al año, y con RD$12 mil pesos adicionales al mes por familia. Cada peso mal administrado o desviado según denuncias públicas es un salario que no se ajustó, un plato vacío, un servicio público que se quedó corto.
Frente a esta situación, resulta urgente avanzar hacia una ruta necesaria, y dentro de esa ruta propongo la Ley “Patria Libre de Deudas”, una herramienta simple y contundente. Cada peso recuperado de procesos judiciales o administrativos debe ir directamente a reducir la deuda pública, depositado en un fideicomiso blindado. La recuperación ampliada de activos debe garantizar que bienes y cuentas vinculadas a casos bajo investigación sean identificados, asegurados y —cuando corresponda— subastados en 90 días. Un comité ciudadano permanente, con representantes de Hacienda, PEPCA, sector privado honesto y sociedad civil, permitiría supervisión pública en tiempo real. Y una auditoría continua, rigurosa y coordinada con Contraloría y PEPCA garantizaría que el país pueda cerrar de una vez por todas el ciclo que tanto lo ha lastimado.
No pretendemos declarar culpables; para eso están los tribunales. Pretende señalar una realidad sentida por el pueblo: 30 años de sacrificio sin recompensa proporcional. Los imputados lloran hoy por las circunstancias que enfrentan en la justicia. Pero el pueblo lleva tres décadas llorando por salarios insuficientes, servicios deficientes y un costo de vida insoportable.
¿Por qué lloran ellos, si ha llorado el pueblo durante 30 años?
